Los asesores fiscales consideran que el sistema tributario español arrastra importantes desequilibrios y abogan por modificar algunos aspectos, como los relativos a la tributación de la riqueza, o contemplar los efectos adversos de determinadas alzas de impuestos, mientras denuncian que están sufriendo una sobrecarga de actuaciones por parte de la Agencia Tributaria desde que culminó la parálisis que supuso el confinamiento por la pandemia de coronavirus.
Así lo han manifestado este martes varios expertos del ramo, reunidos por el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), órgano especializado del Consejo General de Economistas (CGE), ha presentado la encuesta realizada por el Instituto de Economía de Barcelona (IEB) en la presentación de una encuesta al colectivo sobre el modelo fiscal español.
“La pandemia fue una situación difícil y complicada para todos porque era una situación absolutamente novedosa”, ha expuesto Agustín Fernández, presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), aseverando que, si bien inicialmente el fisco tuvo una respuesta “adecuada, correcta y válida” a los problemas surgidas, “en la desescalada y la vuelta a la normalidad, la Agencia Tributaria está retomando actuaciones pendientes” que han disparado la carga de trabajo de los asesores fiscales.
“Los compañeros del colectivo cuentan que están recibiendo demasiadas actuaciones de comprobación y verificación, una sobrecarga de requerimientos enviados por la Agencia. Cada uno tiene que hacer sus funciones, pero se están produciendo situaciones de saturación”, ha denunciado Fernández.
“La sensación que tenemos es que la recaudación está yendo mejor de lo previsto, dentro de la caída del PIB”, ha anticipado Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas de España, sosteniendo que las empresas que se beneficiaron de aplazamientos fiscales “están cumpliendo” y haciendo frente a sus obligaciones transcurrido el periodo de gracia. A partir de ahí, ha reclamado que “las agencias tributarias no quieran recuperar el tiempo perdido de golpe” porque eso puede generar importantes tensiones en un momento económicamente delicado.
Para el presidente del REAF, el incremento de actuaciones tiene la doble explicación de que al fisco le urge tanto ponerse al día en las actuaciones aparcadas durante las semanas más duras de pandemia como lograr ingresos adicionales para sufragar sus costes.
“Cuando la situación era crítica, respondieron muy bien”, ha aceptado el secretario técnico del REAF, Luis del Amo, aseverando que sus asociados tienen ahora “una opinión negativa” de las actuaciones de la administración fiscal –basada, ha admitido, en la evaluación sesgada que arrojan las críticas de quienes se quejan- debido a una “acumulación de requerimientos que desde luego ha traído de cabeza a los despachos desde el mes de julio para acá”.
En paralelo, los responsables del REAF han presentado una encuesta realizada a 700 asesores fiscales –el 95% de los cuáles respondió antes del decreto de estado de alarma- que indican que el 43% asume que el sistema fiscal español es hoy peor que hace cinco años, y otro tanto asume que sigue igual.
“La encuesta pone de relieve algo que ya intuíamos en la organización de los economistas: que contribuyentes y profesionales son críticos con el sistema tributario y con las Administraciones encargadas de aplicarlo, aunque valorando en estas últimas el esfuerzo realizado en la adaptación a las nuevas tecnologías”, ha expuesto Pich, manifestando que “hay que abogar por una simplificación y clarificación, tanto legislativa como de interpretación, y las Administraciones deben de atemperar el progresivo endurecimiento de las comprobaciones tributarias, más que en su extensión y profundidad, en la forma de realizarlas”.
La encuesta indica que más del 85% de los asesores fiscales considera que el impuesto sobre el patrimonio y el sucesiones o donaciones no cumplen con los objetivos para los que fueron diseñados y abogan por un rediseño que podría pasar por revisar los métodos de cálculo o las fuertes diferencias de tributación entre comunidades autónomas, aventuran los autores del estudio.
A su vez, el 80% considera que elevar los tipos de IVA incrementa el fraude; y que este impuesto, dice el 77%, provoca elevados costes de cumplimiento a las empresas declarantes pese a estar pensado como un tributo finalista. De otra parte, el 77,1% cree que el sistema de módulos del IRPF eleva el fraude fiscal y casi el mismo porcentaje asume que quien está acogido tributa menos que lo que realmente le corresponde.
Los asesores encuestados rechazan además que el sistema de incentivos fiscales a I+D+i sea efectivo y abogan por reducir la diferencia entre los tipos de IPRF y Sociedades, rebajando los marginales de renta, para desincentivar el uso de sociedades como método para tributar menos.
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