La cuarta revolución industrial, denominada industria 4.0, requiere de planes ambiciosos y de una política industrial que acompañe a las empresas privadas, indican desde CEOE. La pandemia de coronavirus ha estallado en un momento en el que la industria afronta su momento más convulso, debido al alto grado de inversión que se necesita para digitalizar los procesos de producción. Como dijo en su día el exresponsable de producción y logística de Seat y que ahora ocupa el mismo cargo en la marca Volkswagen, Christian Vollmer, es la hiperconectividad marcada por las nuevas tecnologías y su influencia en la sociedad la que está cambiando la industria a pasos acelerados.
En este contexto, la Alianza por la Competitividad de la Industria Española reclama al Gobierno un plan integral con medidas orientadas a estimular la demanda nacional y la competitividad internacional del tejido empresarial.
Constituida por las patronales Anfac (automoción), AOP (refino), Aspapel (papel), Feique (química y farmacia), FIAB (alimentación y bebidas), Oficemen (cemento) y Unesid (siderurgia), urge incentivos a la inversión empresarial industrial, que se reduzcan los altos costes energéticos, que se promueva la exportación y el acceso a mercados exteriores y que no se implanten nuevas figuras fiscales que reduzcan la competitividad estableciendo gravámenes sobre actividades industriales, sectores productivos o el consumo.
Todos estos sectores generan el 50% del PIB y 2,9 millones de empleos directos, indirectos e inducidos. En su conjunto, las empresas de la alianza realizan el 55% de las exportaciones industriales y el 60% de las inversiones en I+D+i.
Dentro de los reclamos de la alianza también hay un plan de choque para la industria de la automoción. En este sentido, el Gobierno atendió sus plegarias y aprobó en junio el Plan de impulso de la cadena de valor de la industria de la automoción. Fue el primero sectorial aprobado por el Ejecutivo para remontar la crisis económica derivada del coronavirus y está dotado con 3.750 millones de euros, de los que se movilizarán 1.535 desde este año y 2.215 a partir de 2021.
“Es el momento para que todos los operadores económicos y, por supuesto, los agentes sociales y las asociaciones empresariales que conformamos la alianza apoyemos al Gobierno en la lucha para superar la grave crisis sanitaria mientras mantenemos, en la medida de lo posible en las actuales circunstancias, la actividad económica en nuestro país”, explican los representantes de la industria nacional.
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, también anunció el viernes pasado la constitución de la Mesa de la Industria Aeronáutica de España. Gobierno, patronal y sindicatos acordaron elaborar un plan de choque con el fin de mantener las capacidades productivas y el empleo en el sector. Estará alineado con las medidas acordadas por el Ejecutivo y Airbus en julio.
Sin embargo, hay muchos frentes por cubrir. Las industrias electrointensivas reclaman desde hace tiempo la aprobación de un estatuto que potencie las ayudas a este tipo de empresas que utilizan masivamente la energía como input. El Gobierno ha anunciado que en octubre puede aprobarse, tras varios años de retraso.
La industria pone el foco también en la implantación por el Ministerio de Transición Ecológica, del nuevo mecanismo que sustituirá al servicio de interrumpibilidad. Este sistema fue creado en 2013 y permitía a la gran industria percibir incentivos (3.000 millones de euros en siete años) por interrumpir el suministro para garantizar la seguridad del mismo.
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