El gasto en pensiones es una carga cada vez más pesada para la Seguridad Social, que desde hace años arrastra un déficit multimillonario fruto en gran medida del gradual envejecimiento de la población, poniendo en jaque la sostenibilidad futura del sistema público. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha revisado este lunes sus proyecciones a largo plazo en materia demográfica y de gasto en pensiones y las conclusiones no son demasiado alentadoras. El organismo estima que, en un escenario base, el gasto en pensiones se disparará hasta el 14,2% del PIB en 2050, lo que supone un aumento de 3,3 puntos porcentuales sobre los niveles actuales.
La AIReF parte de la premisa de que a partir de 2023 se aplicará el denominado factor de sostenibilidad y contempla también el impacto de las «reformas paramétricas» emprendidas en 2011 por el Gobierno de Zapatero; esto es, el retraso en la edad efectiva de jubilación y la ampliación del periodo de cotización. En concreto, cuantifica el efecto de esas reformas en un recorte del gasto de 2,9 puntos de PIB en el horizonte de 2050, mientras que el factor de sostenibilidad añadiría un ahorro de 0,9 puntos adicionales.
Sin embargo, el Ejecutivo de PSOE y Podemos ha reiterado por activa y por pasiva su intención de tumbar el factor de sostenibilidad (una promesa recogida en los programas electorales de ambos partidos), una medida que aprobó el Gobierno de Rajoy a finales de 2013, pero cuya entrada en vigor se pospuso a 2023. En este sentido, la AIReF, que también parte del supuesto de que la crisis del Covid-19 será de carácter temporal y no dejará secuelas estructurales, alerta de que sin el factor de sostenibilidad el gasto en pensiones se elevaría al 15,2% del PIB.
La institución que preside Cristina Herrero, que estima que la población en España aumentará hasta los 54 millones de personas en 2050 frente a los casi 47 millones actuales, con una esperanza de vida al nacer de 86,8 años y una población en edad de trabajar por encima de los 30 millones durante todo el periodo, aboga por cerrar el déficit de la Seguridad Social, que desde hace años ronda los 17.000 millones de euros anuales, reduciendo las cotizaciones por desempleo en favor del sistema y asumiendo el Estado la pérdida del SEPE, y porque, sea también la Administración la que asuma la financiación de gastos no contributivos de la Seguridad Social. Es decir, redistribuir la carga del sistema entre «aquellas partes de la Administración con herramientas suficientes para reducirlo».
La AIReF, que ha elaborado estas proyecciones sobre el escenario central de un incremento medio del PIB del 1,4% hasta 2050, fecha en la que la tasa de paro se situaría en torno al 7%, considera que la fórmula más viable para apuntalar el sistema sería profundizar en las reformas emprendidas en 2011 y urge a acometerlas cuanto antes porque eso permitiría «una implantación más gradual, facilitando su aceptación social y la adaptación de las decisiones de los agentes a la nueva situación». Por ejemplo, si se retrasara la edad efectiva de jubilación de 64,1 años a 66 y se extendiera de 25 a 35 años el tiempo de cotización, el gasto en pensiones se minoraría hasta el 12,8% del PIB en 2050; esto es, un ahorro de 1,4 puntos de PIB.
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