Las asociaciones de jueces y fiscales han traslado al Ministerio de Justicia que el plan de choque ideado por el departamento del ministro Juan Carlos Campo para la vuelta a la normalidad tras el estado de alarma decretado por la pandemia de coronavirus presenta problemas como la «imposibilidad material» para lograr los objetivos previstos por falta de salas de vista, por la ralentización de los juicios por los protocolos sanitarios o por las deficiencias en los sistemas digitales que dificultan los actos vía telemática.
Las asociaciones, tras una reunión mantenida con el ministerio, han explicado que trasladaron que el autorefuerzo como medida a mantener en el tiempo es «inadecuada», y plantearon la necesidad de ampliar la plantilla tanto judicial como fiscal y crear nuevas unidades que palien el déficit estructural de la Administración de Justicia.
Al hilo, también han demandado una previsión del departamento de Campo al respecto y la necesidad de disponer de un calendario de actuaciones que permita que se realice un seguimiento. Así, durante la reunión acordaron que a lo largo de esta semana tanto las asociaciones de jueces como de fiscales propondrán a Justicia los compañeros que formarán parte de los grupos de trabajo en materia de la Ley de Agilización, Ley de Discapacidad, Registro Civil y Tribunales de Instancia/Oficina judicial.
Asimismo, el lunes 19 de octubre se llevará a cabo una reunión de jueces con Justicia para abordar los planes de choque en el orden social y mercantil, en la que se propondrán modificaciones al plan actual y se introducirán mejoras de cara a la segunda fase que arranca en enero de 2021.
Tras esto habrá varias reuniones. El 20 de octubre, jueces y fiscales se reunirán con el ministerio para anticipar el contenido de la Ley de Agilización; el martes 27 de octubre habrá reunión del grupo de trabajo sobre Ley de Discapacidad; y ya en noviembre se dará una reunión de seguimiento del período de los trabajos.
Por su parte, el ministerio ha informado además de la propuesta de incluir en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) la creación de 60 unidades judiciales y 40 fiscales, así como de una oferta de empleo público (oposiciones) de 240 plazas.
También ha tomado nota de la problemática suscitada en relación con los jueces y fiscales que iniciaron el autorefuerzo en septiembre para que perciban el complemento correspondiente, y ha anunciado que el objetivo es incluir en la Ley de Agilización una reforma del artículo 152 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para resolver de forma definitiva la cuestión relativa al plazo en relación con las actuaciones del Ministerio Fiscal.
Además, el Ministerio de Justicia trasladó a jueces y fiscales el plan de actuación para la recuperación de la jurisdicción social y los órganos mercantiles tras la entrada de asuntos provocada por la Covid-19. E informó de la inmediata creación de 28 unidades judiciales. Fuera del orden del día, se explicó el estado en que se encuentra la tramitación del Reglamento del Ministerio Fiscal y el desarrollo de la Fiscalía Europea, y se propuso la creación de 7 fiscales delegados.
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