El Gobierno sopesa «un reforzamiento de la capacidad» de algunos ministerios y agencias públicas para agilizar la gestión de los proyectos que se beneficiarán de los milmillonarios fondos europeos e involucrará a las distintas capas de las Administración pública con el objetivo final de agilizar su ejecución, pudiendo echar mano, incluso, de firmas externas.
Los ministerios de Transición Ecológica y el de Asuntos Económicos y Transformación Digital son algunos de los departamentos que podrían acabar reforzados ya que vehicularán el 37 y 33% de los 72.000 millones de euros en fondos que llegarán desde Europa para impulsar la economía verde y la digitalización, según detallan fuentes gubernamentales.
Hacienda también está sujeto a dicho refuerzo potencial, al contar con la dirección general de fondos europeos para garantizar su ejecución «fluida»; así como agencias estatales con mayor capacidad para ejecutar proyectos como Red.es o Tragsa, ya que esta última ha demostrado su facultad para apoyar en el alud de Expedientes de Regulación de Empleo Temporales (ERTE) que tuvo que gestionar el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) por la crisis.
Lo que se ha descartado de plano es crear una agencia independiente para vehicular todos los proyectos por tiempo y efectividad, dado que su simple creación podría consumir año y medio y el riesgo de generar «cuellos de botella» es alto si todo tiene que pasar por un organismo o ventanilla única. Frente a la opción de una agencia única especializada, independiente o no, se ha impuesto la idea de involucrar a toda la Administración Pública: desde los ministerios y agencias públicas, a las comunidades autónomas, diputaciones, ayuntamientos y entes locales.
La intención es poner a máxima capacidad la maquinaria para que los proyectos se visen, valoren y autoricen con rapidez, ya que la intención es aprovechar los 72.000 millones de euros en tres años y no en los seis que permite Bruselas para, precisamente, acelerar la recuperación de la economía con su rápida transformación.
Las diferentes administraciones serán las encargadas después de determinar qué recursos necesitan o si precisan algún tipo de apoyo externo para hacerlo más rápido, valiéndose, por ejemplo, de firmas consultoras; pero cuentan con la base principal para la colosal tarea porque saben cómo gestionar estos proyectos ya que conocen cómo se licitan los concursos, indican las fuentes consultadas.
Desde el Gobierno se formularán los diferentes objetivos y buscará su obtención a través de convocatorias, subvenciones, etc., a desarrollar en convenios con las comunidades autónomas y el resto de Administraciones públicas para que lleguen a todo el territorio nacional, puedan participar todo tipo de empresas y su ejecución sea rápida.
Precisamente para agilizar dichos procesos está revisando también todas las leyes involucradas en la gestión administrativa como la de subvenciones y de contratos públicos, con la intención de reducir tiempos y eliminar las trabas burocráticas. Se pretende agilizar al máximo el proceso respectando los mínimos que impone la directiva europea de contratación pública, indican las fuentes consultadas.
A España le corresponden unos 140.000 millones del fondo Next Generation aprobado por la Comisión Europea con 750.000 millones, y de los que aproximadamente la mitad serían en forma de transferencias y el resto vía crédito reembolsable. El Gobierno ha decidido solicitar 72.000 millones: 60.000 millones con recurso a dicho fondo y 12.400 millones adicionales al React-UE, una especie de fondos Feder, pero volcado para la situación creada por el Covid-19.
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