La cadena alimentaria española estima impactos económicos de hasta 700 millones y una pérdida de empleos que podría superar los 6.000 como consecuencias de la subida del IVA a las bebidas azucaradas y edulcoradas, propuesta por el Gobierno en sus planes presupuestarios de cara al próximo año.
Así lo refleja un informe de PWC presentado hoy por las principales asociaciones del sector de la alimentación y bebidas en sus distintos eslabones: FIAB, Aecoc, Asaja, Asedas y Marcas de Restauración. Según el mismo, el incremento del IVA a esos productos del 10% al 21% implicará una caída de la facturación de entre 119 y 370 millones de euros en el canal de distribución, según la tipología de productos en un «escenario conservador», según Anna Merino, responsable del estudio por parte de PWC.
El mismo indica que, como consecuencia de esa pérdida de facturación se producirá una pérdida de Valor Añadido Bruto (VAB) de entre 110 y 344 millones, de los que la mitad los sufrirán los distintos eslabones de la cadena alimentaria. La que más lo sufrirá será la industria, con un impacto negativo inducido estimado de entre 26 y 82 millones, seguido del sector agrario, con entre 14 y 43 millones; la distribución, con hasta 26; el transporte, con una merma de entre 3 y 11, y la restauración, con una horquilla de 2 a 6 millones. Como consecuencia, PWC estima una pérdida de empleos que partirá desde los 1.980 y podría llegar a los 6.165 puestos.
«Estamos todos juntos contra esta medida porque no va a atajar el problema de salud que dice que quiere atajar», ha afirmado el director general de FIAB, Mauricio García de Quevedo, que ha hecho un llamamiento al Gobierno y a los grupos parlamentarios para que sean «sensibles. «No es el momento de subir ningún impuesto, tampoco el del plástico. Cualquier subida tendría que venir cuando la economía se empiece a activar».
Para José María Bonmatí, director general de Aecoc, la obesidad es un «problema global» que necesita un «enfoque holístico», y no «subir impuestos». «Los efectos negativos de esas subidas se han demostrado. en otros países. Estamos firmemente comprometidos contra la obesidad infantil, pero creemos que la vía de la presión fiscal no es efectiva y solo es una medida recaudatoria que es injusta, discriminatoria y que llega en el peor momento».
El informe incide en que países como Dinamarca o Eslovenia han eliminado impuestos similares por los «efectos negativos» que tienen «sobre la actividad económica, empleo o equidad».
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