El Pacto de Toledo ha llegado a un acuerdo para la reforma del sistema público de pensiones en España tras cuatro años de duras negociaciones sobre cómo revertir la situación financiera que afronta la Seguridad Social con un déficit estructural y una senda de gasto ascendente que compromete la sostenibilidad a futuro del Sistema. El anterior pacto alcanzado en esta Comisión para reformar las pensiones se dio hace ya 9 años con el PSOE en el Gobierno.
Este viernes la Comisión cerró un acuerdo para renovar sus recomendaciones en materia de pensiones en el órgano de mesa y portavoces, y que someterá a votación el próximo martes 27 de octubre entre todos los miembros que conforman el Pacto de Toledo para dar luz verde a la reforma de pensiones y para unos días después llevarlo al Pleno del Congreso de los Diputados. Cabe recordar que lo que se presentará el próximo martes una vez se sustancie el acuerdo serán 21 recomendaciones sobre aspectos que afectan al funcionamiento de las pensiones y de la Seguridad Social y que suponen un mandato para el ministro de la materia, José Luis Escrivá, quien será el encargado de trasladar estas recomendaciones a cambios normativos en la legislación de la Seguridad Social.
Fuentes de Unidas Podemos mostraron satisfacción con «el acuerdo alcanzado» en torno al texto y pusieron el acento en que cumple con lo pactado en el programa de coalición porque garantiza «unas pensiones dignas y un sistema público sostenible», además supone «la derogación de facto» de la reforma de las pensiones de 2013. Desde el PSOE, también celebraron llegar a este texto que se ha cerrado y que suscita un apoyo mayoritario. Mientras, desde el PP no quisieron desvelar el sentido de su voto el martes y señalaron que el compromiso de que el nuevo sistema de cotización de los autónomos se aborde en el diálogo social y no se adopte «de forma unilateral» por el Gobierno, recogido en el texto final, es uno de los puntos fundamentales para condicionar su apoyo.
Con el acuerdo, se pone fin a un camino iniciado en otoño de 2016, hace dos legislaturas, cuando bajo la presidencia de la ‘popular’ Celia Villalobos en la Comisión el Congreso inició el proceso para renovar las recomendaciones hacia una nueva reforma de pensiones que garantizara la sostenibilidad del sistema, y que ha zanjado la actual presidenta del órgano y exministra de Trabajo, Magdalena Valerio.
El nuevo texto, además, incluye una recomendación ‘cero’ con los principios básicos para el sistema público de pensiones, subrayando la oposición del Pacto de Toledo a una «transformación radical» del sistema que rompa con sus principios, como los de solidaridad, suficiencia o equidad o que incluso eventuales reformas afecten a los mismos. Asimismo, señala que la financiación del sistema debe adaptarse a la protección del mismo, por lo que las cotizaciones sociales, aun manteniéndose como «fuente básica» de ingresos, deben acompañarse con otras vías para asegurar la sostenibilidad del sistema y la suficiencia de las pensiones.
La intención del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, es con la percha de la separación de fuentes de financiación que se recoge en la primera de las recomendaciones para extraer de la Seguridad Social hasta 22.871 millones de euros, equivalentes al 1,6% del PIB en 2023, de gasto no contributivo e impropio. Ello, supondría de facto la eliminación del déficit en el organismo encargado de pagar las pensiones en España y tal y como confirman fuentes de Moncloa a este medio, la idea es desplegar este proceso en el periodo que resta de legislatura.
La idea que esbozan los partidos en la Comisión es la de Separación y clarificación de las fuentes de financiación donde se aboga por que las pensiones contributivas se paguen con cotizaciones de los trabajadores y las no contributivas con impuestos. Se trata de recursos procedentes de las cotizaciones sociales que se están utilizando para pagar políticas no contributivas, reducciones de cotización como tarifas planas de autónomos, la prestación por nacimiento y cuidado de hijos, el complemento de maternidad o los gastos de funcionamiento de la Seguridad Social. Este saneamiento de las finanzas mencionado, consiste en sacar del sistema una serie de gastos para en un plazo marcado hasta 2023, empezar a asumir toda esta factura desde los Presupuestos Generales del Estado, y no desde las cuentas de la Seguridad Social, una medida ya comprometida por el Gobierno para las cuentas públicas de 2021.
Entre las principales aportaciones del nuevo Pacto está la recuperación del IPC como referencia para las revalorizaciones anuales de las pensiones, consenso logrado y conservado en la última legislatura hábil, pero también un plan de saneamiento de las cuentas. De este modo, las pensiones de jubilación se revalorizarán en 2021 en base al IPC, del mismo modo que ha ocurrido este año, y el coste que ello implica en función de la inflación prevista, el Gobierno asume un gasto de unos 1.400 millones de euros en la revalorización de las pagas del próximo año. Concretamente, la cuantía de la pensión se vería incrementada para el próximo año en un 0,9%.
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