El Gobierno aprobará una subida salarial del 0,9% para los empleados públicos para el año 2021, en línea con la previsión de inflación para el próximo ejercicio y con la revalorización prevista para las pensiones públicas. Esta subida es inferior a la del 2% aprobada para este año, que podía alcanzar hasta un 2,3% si se sumaban fondos adicionales.
Desde el Ministerio de Política Territorial y Función Pública destacan que con el incremento salarial a los funcionarios se quiere reconocer la labor del personal de los servicios y las administraciones públicas, con un trabajo «imprescindible» en una situación «difícil» por la pandemia.
En cuanto a la Oferta de Empleo Público, no cuenta con el apoyo de los sindicatos (CSIF, CC.OO. y UGT), ya que estos consideran dicha oferta «insuficiente» por no cubrir las necesidades estructurales y ser un 7,3% inferior a la del año pasado (19.688 plazas), poniendo en riesgo la «viabilidad» del Estado, según han indicado fuentes sindicales.
Función Pública trasladó el pasado lunes su última propuesta sobre la oferta pública, y la llevará a la reunión que ha convocado para este lunes de la Mesa General de las Administraciones Públicas. En concreto, el Ejecutivo trasladará a los sindicatos la oferta de empleo público de 2021 y el incremento retributivo previsto para los empleados públicos que, al igual que las pensiones, podría rondar el 0,9% el próximo año.
Según los sindicatos, la última y definitiva propuesta de empleo público para este año del Gobierno es de 18.266 plazas (9.270 plazas de nuevo ingreso y 8.996 de promoción interna), que supone una mejora de 3.030 plazas respecto a la última del pasado viernes, que era de 15.236 plazas (8.061 de acceso libre y 7.175 de promoción interna), si bien los sindicatos la han rechazado al seguir siendo inferior en 1.422 plazas a la del año pasado, que alcanzó las 19.688 plazas (11.338 de acceso libre y 8.350 de promoción interna).
Fuentes de CSIF denunciaron que se pierde empleo y se rompe la tendencia de las dos últimas ofertas, al no cubrir ni siquiera las necesidades estructurales de la AGE, que en los diez últimos años ha perdido 43.377 empleos.
Además, desde CSIF recuerdan que el 19% de la plantilla de la AGE tiene más de 60 años y está, por tanto, a las puertas de la jubilación, por lo que avisan del riesgo de «colapso» en la AGE en un momento de saturación en el SEPE y la Seguridad Social. CSIF planteó un plan plurianual que quedó en «saco roto».
De igual forma, CC.OO. no comparte ni el volumen ni la distribución de la OEP de 2020 del Gobierno, al considerar que Función Pública «vacía el Convenio Único y abandona a los sectores más críticos de la Administración General del Estado, impulsando un modelo de Administración alejado de los problemas de la ciudadanía».
En este sentido, CC.OO. explica que en 2019 se produjeron 8.708 bajas, fundamentalmente por jubilaciones, si bien la OEP propuesta es de 9.270 puestos, por lo que «se pierde intensidad en la recuperación del empleo público, con un incremento sobre las bajas del 6%», y en su lugar exige una OEP libre que no quede por debajo de los 10.150 puestos, que resultaría de la aplicación del coeficiente de incremento de 2019, de un 26% sobre la tasa de reposición.
Con respecto a la distribución en grupos, critica que la propuesta «descapitaliza el cuerpo auxiliar y el personal laboral», efectivos que, en un volumen importante, prestan el servicio público de atención directa a la ciudadanía. En su lugar, propone evaluar las necesidades del servicio público y de la ciudadanía, y sobre estos dos análisis, desarrollar un modelo de Administración y adecuar la OEP a estas necesidades, así como impulsar una OEP extraordinaria reconociendo los déficits de personal en determinados ámbitos demandados por la ciudadanía -SEPE, Seguridad Social, investigación, AEMPS, extranjería y documentación o Instituciones Penitenciarias-.
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