El Gobierno no ha incluido en los Presupuestos Generales del Estado para 2021 la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en línea con las fijadas durante los dos últimos años. Lo ha congelado para este ejercicio. De esta forma, la previsión de incremento ha quedado ligada a la recuperación económica, a pesar de que Bruselas empuja para aumentar el salario mínimo en la UE.
Esta no era una de las prioridades ni del Plan Anual Normativo ni tampoco se ha planteado en la mesa de diálogo con los agentes sociales. Esta congelación del SMI este año enfría el objetivo programático de situarlo en el 60% del salario medio antes de que finalice la legislatura. Antes de la crisis del covid-19, la intención era subirlo de los 950 euros actuales en 14 pagas (13.300 euros brutos al año) a 1.000.
En 2019, con la finalidad de proteger en mayores medidas a aquellos colectivos que se han visto más castigados por el mercado laboral durante la crisis, se subió el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) desde los 736 hasta los 900 euros, lo que supone la mayor subida de la historia. La Seguridad Social se benefició, de esta forma, de un incremento sustancial de las cotizaciones sociales, de 8.668 millones de euros, un 7,5%, como consecuencia tanto de la mayor creación de empleo como de la subida del SMI y de las bases máximas de cotización, que se incrementaron un 22,3% como consecuencia del incremento del SMI.
También, con repercusión en los ingresos por cotizaciones sociales, se incorporaron medidas como el subsidio por desempleo de trabajadores comprendidos entre 52 a 55 años e incremento de la base de cotización del 100% al 125% por cien de la base mínima. El pasado ejercicio, que supuso el primer acuerdo del Gobierno de coalición con patronal y sindicatos, fue del 5,6%, hasta los 950 euros.
El gasto social se centra este año, a parte de en las pensiones, en las prestaciones por desempleo, que supondrán 25.012 millones de euros, un 20,1% más que este año. Destaca la subida del 5% en el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que sirve para calcular ayudas y subvenciones como la prestación por desempleo, y que llevaba congelado desde 2016 en 537,84 euros; ahora, si los presupuestos salen adelante, ascenderá a 564,73 euros, en la que será la subida más elevada desde la creación de este indicador en 2004.
El ingreso mínimo vital que el Gobierno costará a las arcas públicas cerca de 3.000 millones de euros. Se trata de una ayuda sin precedentes en España, que beneficiará a los colectivos más vulnerables que quedaban fuera del resto de ayudas puestas en marcha por el Ejecutivo.
Por otra parte, las políticas activas de empleo contarán con 2.000 millones adicionales -lo que llevaría el total al entorno de los 7.700 millones-, un aumento de la aportación del Estado al sistema de dependencia del 46 % hasta superar los 600 millones de euros y 700 millones de euros de los fondos europeos en inversiones para la atención de las personas mayores «apostando por la atención domiciliaria» en lugar de las residencias, entre otras medidas.
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