El ministerio que dirige María Jesús Montero aclara así que la inversión mínima de los particulares en una sicav debe ser de al menos de 247.500 euros para que el vehículo disfrute de la fiscalidad reducida, puesto que la sociedad debe estar constituida al menos por 100 accionistas. Se ofrece la posibilidad de que 99 inviertan la mencionada cantidad y un único socio controle el resto. La Agencia Tributaria tendrá, en todo caso, la última palabra. El patrimonio mínimo de una sicav es de 2,4 millones de euros. Pero existen sociedades con importes muy superiores, como Torrenova, de Banca March Gestión, que gestiona unos 1.000 millones de euros.
Si solo se exige este requisito, se allanan los eventuales problemas de esta figura societaria en España, que, en el resto de Europa, salvo en Portugal, no precisa de un número mínimo de socios, basta que sea de carácter abierto. Es decir, que se pueda invertir en ella.
La reforma, así planteada, tendría un impacto reducido en la industria, si bien dificultaría que las sicavs sean “una herramienta de planificación fiscal de grandes patrimonios familiares”, como quiere evitar Hacienda. Ahora, no se exige un importe mínimo a ningún inversor para que compute como accionista.
La propuesta es menos restrictiva que la reforma planteada, y nunca ejecutada, en el pacto de investidura sellado entre el PP y Ciudadanos en agosto de 2016. Firmaron que, para computar en ese centenar de socios necesarios para que la sicav pague el 1% en lugar del 25%, cada accionista tuviera al menos un 0,55% del capital. Esto en la práctica limitaba al 45,55% la propiedad de un único socio. Pero una sicav de 1.000 millones hubiera exigido una inversión mínima de 5,5 millones de euros.
La secretaria de Estado de Hacienda, Inés Bardón, ha avanzado que se van a establecer «requisitos adicionales» para disfrutar de los beneficios fiscales de las sicav, como «exigir a los accionistas una participación mínima de 2.500 euros». Bardón adelantó esta modificación durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Congreso para informar sobre el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021, en la que detalló que esta medida no se incluirá en las nuevas cuentas públicas, sino en otras leyes, que recogerán medidas como el tipo mínimo del 15% para beneficios no distribuidos de las socimis. La de las sicavs se incluirá en la ley antifraude, en plena tramitación.
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