El Pleno del Congreso de los Diputados ha asistido a algo inusual: los partidos del Gobierno y la oposición han votado conjuntamente a favor del Informe de Evaluación y Reforma del Pacto de Toledo, con que traspasan al Gobierno y al diálogo social una veintena de recomendaciones parlamentarias para reformar el sistema de pensiones en los próximos meses.
Se trata de la tercera renovación de estas recomendaciones –creadas en 1995– que persiguen garantizar la sostenibilidad futura del sistema público de pensiones, así como su suficiencia y solidaridad intergeneracional. El texto ha salido adelante con 262 votos a favor, 2 en contra (de los diputados de la CUP) y 78 abstenciones, entre ellas las del grupo parlamentario de Vox que en la comisión fueron los únicos en votar en contra de estas recomendaciones.
Entre las recomendaciones de mayor calado está la de que la Seguridad Social transfiera al Estado el pago de los denominados gastos impropios del sistema (prestaciones menos contributivas, subsidios asistenciales por desempleo, bonificaciones a la contratación etc.), por valor de alrededor de 23.000 a lo largo de los próximos tres años, de forma que en 2023 haya desaparecido el déficit estructural del sistema que ronda anualmente los 20 millones de euros.
Asimismo, los parlamentarios aconsejan incentivar la permanencia de los trabajadores en el mercado laboral más allá de la edad de jubilación para adecuar lo más posible la edad real de retiro a la edad legal en cada momento. El Pacto de Toledo recoge también la revalorización de las pensiones según el IPC y la recomendación de incentivar los planes colectivos de pensiones en las empresas.
Previamente a esta votación, el Pleno del Congreso rechazó esta mañana todos los votos particulares presentados por los grupos a las nuevas recomendaciones del Pacto de Toledo, con lo que sólo se aprobará el dictamen tal y como salió de la comisión el pasado 27 de octubre. Así, no se incluirá ninguna modificación de la veintena de recomendaciones hechas por los diputados para que el Gobierno reforme el sistema de pensiones en los próximos meses.
En total, habían presentado voto particular el PP, Esquerra Republicana, Ciudadanos, EH-Bildu, Más País-Equo, Compromís y el BNG, todos ellos rechazados en las votaciones telemáticas avanzadas por la presidenta de la Cámara, Meritxel Batet, en el Pleno. En la comisión, el dictamen con las nuevas recomendaciones salió adelante con los votos del PSOE, el PP, Unidas Podemos, Ciudadanos, Junts, el PNV y Coalición Canaria, mientras que Esquerra Republicana y EH-Bildu optaron por abstenerse. Únicamente Vox votó en contra.
Mientras que, respecto a la emisión de votos particulares, el PSOE, Unidas Podemos, el PNV y Junts declinaron emitir votos, dándose por satisfechos con lo aprobado; mientras que el PP y Ciudadanos sí presentaron modificaciones al dedicado a los planes de pensiones privados, la formación ‘naranja’ otro para fomentar la jubilación activa, y ERC y Bildu enmiendas a más de la mitad de las recomendaciones. En su voto particular, el PP buscaba suprimir la crítica recogida a la gestión de los planes privados de pensiones, que pide más transparencia, y pedía apoyar los mecanismos de ahorro individual con más incentivos y no «eliminar» ni «reducir» sus deducciones fiscales.
Esquerra y Bildu exigían, entre otras cosas, derogar las reformas laborales y de pensiones, la supresión de todo el punto dedicado a los sistemas complementarios, proponían como referencia para las pensiones mínimas el 90% del salario mínimo, que la jubilación por encima de los 65 años sea voluntaria, ‘destopar’ la base máxima de cotización, calcular la base reguladora de la pensión en los mejores 20 años y la condonación por el Estado de la deuda contraída por Seguridad Social, en base a los gastos impropios asumidos por esta en los últimos años.
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