El Gobierno está más cerca de conseguir la aprobación de los Presupuestos para 2021 después de que este martes el PNV haya anunciado que sus seis diputados votarán a favor y de que ERC haya anunciado un «preacuerdo» con el Ejecutivo para apoyarlos. Los apoyos de estas dos fuerzas (19 diputados en total), sumados a los de EH Bildu (5 escaños), que ha propuesto a sus bases votar a favor de las cuentas, dejarían los apoyos del Gobierno en 179 votos, suficientes para que el proyecto salga adelante. Con todo, Ciudadanos ha asegurado que no se levanta de la mesa y confía en poder excluir del acuerdo a los independentistas.
Si EH Bildu anunció el lunes su voto favorable a las cuentas del Estado, ayer fueron primero el PNV y después ERC quienes hicieron oficial su apoyo al proyecto del Gobierno. Un anuncio por parte de Esquerra con el que intentó descolgar a Ciudadanos –por aquello de la incompatibilidad entre unos y otros– de la negociación paralela con el Ejecutivo central, pero que de momento no ha fructificado, pues el partido naranja aseguró que luchará hasta el jueves de la semana que viene, cuando se sometan a votación los números, para decantarlos a sus postulados.
El “preacuerdo” anunciado por Gabriel Rufián facilitará los votos de los republicanos, aunque el adelanto del puñado de medidas pactadas con el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos no desvelaba el coste del acuerdo. El anuncio buscaba dejar fuera de la carrera a Ciudadanos – “les hemos roto las piernas”, presumían desde ERC en Madrid–, aunque el voto afirmativo del PNV y Bildu relativizaba las necesidades del Ejecutivo.
La lista de acuerdos adelantados públicamente es breve: ampliación de la moratoria del pago a la Seguridad Social de los autónomos hasta marzo del 2021, un trimestre más, con el compromiso de ir ampliándolo según las necesidades; la creación de un comité bilateral para una reforma fiscal “total, justa y progresiva” y la creación de un grupo de trabajo específico para la reforma del impuesto a las grandes fortunas para “acabar con el dumping fiscal en Madrid, es decir, acabar con el paraíso fiscal que la derecha se ha montado en Madrid y que supone un grave prejuicio en estos momentos de emergencia social para la clase trabajadora”, afirmó Rufián.
Igualmente, el líder de ERC en la Cámara Baja subrayó que hubo entendimiento con el Gobierno para liquidar “la deuda existente” del Ministerio de Educación para con la Generalitat en la gestión de becas desde el 2005, aunque no especificó cantidades ni método de retorno ni plazos. Por último, destacó lo que denominó “fin del 155 financiero a la Generalitat de Catalunya”. Rufián puso énfasis en ese logro retrotrayéndose al gobierno de Mariano Rajoy y el control de Cristóbal Montoro sobre las finanzas de la Generalitat. Aprovechando las necesidades de financiación y la adscripción al FLA, Hacienda controlaba la contabilidad de la Generalitat y se estableció una fiscalización mensual. El argumento político fue que “no se gastara ni un euro en veleidades independentistas”.
Con la aplicación del 155, la Intervención de la Generalitat llegó incluso a tener que informar semanalmente de las operaciones del sector público catalán. Con la formación del actual Govern, y ya con el PSOE en la Moncloa, se levantaron los controles extras y sólo quedaron los relativos al acceso al FLA. Ahora la Generalitat emplea el mecanismo ordinario de financiación y por tanto tampoco está sometida a esos controles. Únicamente quedaba un resquicio, el de dar cuenta de los gastos generados y certificarlos mensualmente en lugar de hacerlo de manera trimestral. Así, el preacuerdo, a falta de más detalles, afecta solo a la periodicidad.
Sea como sea, este pacto de ERC fue refutado por JxCat. En palabras de Laura Borràs, “negociar algo que ya era nuestro demuestra una condición de rebajas continuas y de no atención a las verdaderas necesidades de los catalanes”. Adelantándose a la hora de exhibir ganancias, el acuerdo que ha facilitado el sí del PNV supone 30 millones más de nuevas inversiones en investigación y desarrollo y la enajenación de los terrenos del cuartel de Loiola, en San Sebastián, según anunció el portavoz en el Congreso, Aitor Esteban. Un desmantelamiento que el Ayuntamiento de San Sebastián considera básico para la expansión de la ciudad. Esto supone el logro de una antigua aspiración del PNV, pero no que el Ejército vaya a abandonar Gipuzkoa.
Fuentes del Ministerio de Defensa se apresuraron a aclarar que “la permanencia del Ejército está garantizada en San Sebastián”. De hecho, el Ayuntamiento ya ha ofrecido al Ministerio de Defensa ubicaciones alternativas para el cuartel: Antondegi, Eskuzaitzeta, la Hípica. La última oferta ha sido Belartza Alto, pero el departamento de Margarita Robles ha rechazado todas las localizaciones. Al anuncio de ayer se suman los acuerdos de la semana pasada, que incluían eliminar el impuesto del diésel y 50 millones para un plan industrial.
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