El Ministerio de Trabajo ha acordado con las comunidades autónomas y los agentes sociales el reforzamiento de la orientación individualizada de los parados por medio de personal cualificado. A tal efecto aumentará el volumen de profesionales y creará la figura del Centro de Orientación, Emprendimiento e Innovación para el empleo cuyo objetivo es diseñar y evaluar programas de orientación, así como promover actuaciones de desarrollo y mejora de las actuaciones de orientación personalizada. Para promover estos cambios, el Ministerio de Trabajo contempla en sus presupuestos para el próximo año una partida de 551 millones de euros.
Estas reformas se articulan a través del Real Decreto que regula los programas comunes de activación para el empleo del Sistema Nacional de Empleo que fue aprobado en el Consejo General del Sistema Nacional de Empleo el 30 de septiembre y sometido a trámite de consulta pública que finalizó el 27 de noviembre. El texto será aprobado en Consejo de Ministros en las próximas semanas.
Lola Santillana, secretaria de empleo, migraciones y cualificación profesional de CCOO, resalta la importancia de esta reforma del modelo de orientación de empleo, pues, aunque la figura del orientador se incluye en el ordenamiento laboral en 2008, ha sufrido muchos altibajos. Con los gobiernos del PP desaparecieron y con la anterior ministra de Empleo, la socialista Magdalena Valerio, se aprobó la contratación de 3.000 orientadores.
Sin embargo, Santillana explica que estos 3.000 orientadores no están estructurados, trabajan por programas con temporalidad, pues están contratados por obra y servicio. Con la nueva ley, señala, se dará una estructura a los orientadores creando una red que no existe actualmente. Lo que implica que el Ministerio de Trabajo esté negociando con los ministerios de Función Pública y de Hacienda para poder estabilizar estas plazas.
Además, cada comunidad autónoma deberá actualizar sus RPT (Relación de Puestos de Trabajo) y sacar las plazas por oposición, pues, aunque el dinero lo aporte el Ministerio de Trabajo a través de las partidas de políticas activas de empleo, son los gobiernos regionales los responsables de gestionar tales políticas, incluida la figura del orientador. Lo que implica voluntariedad.
Cada comunidad determinará si se quiere acoger a los nuevos planes de orientación. El borrador del Real Decreto establece que los Servicios Públicos de Empleo (autonómicos) «podrán» poner en marcha un Centro de Orientación. Con el fin de incentivar su creación se ha dotado de un «fondo de modernización» que costeará los gastos de funcionamiento e inversión que se deriven de la creación de dicho centro y de los planes anuales de trabajo que pongan en marcha. Los dineros se repartirán según los criterios acordados en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Sociales y con las cuantías y condiciones que se determinen en una próxima orden ministerial.
La futura norma atribuye siete funciones al centro de orientación. La primera es la evaluación de programas de orientación, de prospección e intermediación laboral y de emprendimiento que puedan calificarse de buenas prácticas, tanto respecto de programas propios para transferir su conocimiento al resto de Servicios Públicos de Empleo, como de programas externos para su aplicación, si procede, en su respectivo territorio.
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