El Banco Central Europeo (BCE) recomendó ayer a la banca “que actúe con extrema prudencia en relación con los dividendos y la recompra de acciones”. Para ello, ha reclamado a todas las entidades que “consideren abstenerse de repartir dividendos en efectivo y recomprar acciones o que limiten tales repartos hasta el 30 de septiembre de 2021”. En todo caso, pide, que, dada la persistente incertidumbre sobre el impacto económico de la pandemia de coronavirus, los dividendos y recompras de acciones se mantengan por debajo del 15% del beneficio acumulado de los ejercicios de 2019 y 2020 y no sobrepasen los 20 puntos básicos del ratio de capital de nivel 1 ordinario (CET1), si este importe fuera menor.
Pero, además, limita este reparto de remuneración al accionista a los bancos rentables y con trayectorias de capital sólidas. Para determinar que entidades cumplen estos requisitos el BCE y el Banco de España avisan para que estas se pongan en contacto “con su equipo conjunto de supervisión para determinar si el nivel de distribución previsto es prudente”. De momento, el BCE es tajante y alerta de que “las entidades deben abstenerse de repartir dividendos a cuenta de sus beneficios de 2021”.
La limitación impuesta ahora está aún muy alejada del pay-out (parte de los beneficios ordinario destinados a dividendos) que la banca reparte entre sus inversores, que suele rondar entre el 50% al 35%. El supervisor europeo recuerda que la recomendación anterior del 27 de marzo de 2020 (y la posterior ampliación del 28 de julio) sobre la suspensión temporal de todos los dividendos en efectivo y la recompra de acciones “reflejaba las excepcionales y difíciles circunstancias a las que se ha enfrentado la economía europea en 2020”. Ahora reconoce que en la revisión de su recomendación han mejorado ciertos aspectos de la economía, pero siguen las incertidumbres, aunque han “descenso” en las proyecciones macroeconómicas.”
Mantiene, de hecho, que, a pesar de los retos actuales, “las proyecciones revisadas están próximas al escenario central utilizado en el análisis de vulnerabilidad realizado por el BCE en el primer semestre del año, que confirmó la capacidad de resistencia del sector bancario europeo”. El BCE recuerda que el objetivo de la recomendación revisada es salvaguardar la capacidad del sector para absorber pérdidas “y prestar apoyo a la economía. Sigue siendo necesario mantener un enfoque prudente, dado que el impacto de la pandemia no se ha manifestado plenamente en los balances de las entidades en un contexto en el que la banca sigue beneficiándose de diversas medidas de respaldo público y considerando que los deterioros crediticios se producen con retraso temporal”.
La medida, impuesta hasta el 30 de septiembre y comunicada el martes por carta a los consejeros delegados de las entidades, sería derogada en esa fecha “si no median circunstancias adversas importantes”, y volver a evaluar los planes de capital y de reparto de dividendos de las entidades sobre la base del resultado del ciclo de supervisión normal. El supervisor también recuerda que los bancos deben seguir usando sus colchones de capital y de liquidez para conceder crédito y absorber pérdidas. Y les comunica que no les exigirá que comiencen a restituir sus colchones de capital antes de que este alcance el nivel máximo de caída.
La banca, pese a no estar plenamente satisfechas con la medida, sí reconocen que si el BCE hubiera optado por vincular el dividendo al nivel de capital el reparto de dividendos habría sigo más complicado ya que la banca española está a la cola en ratio de capital de Europa. El BCE también ha pedido a las entidades a través de una carta a los consejeros delegados que “sean extremadamente moderadas en relación con la remuneración variable durante el mismo periodo que el previsto para los dividendos y la recompra de acciones (30 de septiembre de 2021)”.
El supervisor, explica, evaluará “detenidamente las políticas de remuneración, prestando especial atención a su impacto en la capacidad de las entidades para mantener una base de capital sólida”. El BCE recomienda a los supervisores nacionales que apliquen el mismo enfoque a las entidades menos significativas que supervisan directamente, según proceda.
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