Las medidas que pretende impulsar el Gobierno en materia de pensiones y la prolongación de los Erte durante al menos la primera mitad del próximo año, provocará a partir de 2021 una cascada de prejubilaciones en España que ya descuentan los expertos, siendo esta una de las principales vías a las que se podrán acoger las empresas para llevar a cabo el ajuste de plantilla una vez se despejen las incógnitas que aún apareja la crisis sanitaria.
«La percepción entre un empleado despedido o prejubilado es muy distinta, la segunda supone un premio de la empresa al empleado al que le reconoce su compromiso durante todos los años de trabajo» argumenta Rosa Farré, responsable de desvinculaciones en Mercer. En este sentido, desde la compañía que asesora en planes de ahorro para empresas y particulares asegura que los planes de rentas o planes de prejubilación se plantean como una solución muy eficaz y menos agresiva para llevar a cabo los necesarios reajustes de fuerza laboral que necesita la recuperación económica.
En este sentido, muchas de las empresas que hasta ahora han aplicado medidas de jubilación parcial a trabajadores mayores de 61 años, se están decantando por este otro mecanismo debido a las modificaciones legislativas que han ido penalizando su uso. Por esta razón, ha aumentado la aplicación de esquemas de prejubilación para personas mayores de 60 años. De media, las empresas aplican estos planes de prejubilación a sus empleados entre los 57 y los 63 años, que perciben entre un 75% y un 80% de su salario neto. En caso de acuerdo voluntario la media de acceso al plan de renta sube a los 58 años, permitiendo ahorrar un año de complementos salariales que, en este caso y al no estar exenta, se calcula sobre el salario bruto abonando entre un 70% y un 75%, apunta el reciente estudio de las compañías sobre el mercado de las prejubilaciones en nuestro país.
Y más allá de los procesos de abandono del mercado laboral que puedan fructificar tras el levantamiento de los Ertes, en los que aún se encuentran envueltos unos 750.000 trabajadores en nuestro país, las medidas anunciadas por el Gabinete de José Luis Escrivá en materia de pensiones, y de jubilación más concretamente, también están desatando una avalancha de consultas sobre el efecto que puede tener la intención de endurecer la prejubilación -con la norma actual establece una carrera mínima de 35 años de cotización para acceder a la jubilación anticipada voluntaria y 33 años cotizados en el caso de la jubilación anticipada forzosa y también en la jubilación parcial, que solo podrá llevarse a cabo dos años antes de alcanzar la edad legal (65 años y 10 meses por lo que se podrán prejubilar hasta el 31 de diciembre quienes tengan 63 años)-.
De este modo, con las condiciones actuales, cabe recordar que el sistema de penalizaciones en la jubilación anticipada voluntaria por trimestre se sitúa para un período de cotización menor de 38 años es del 2% de coeficiente de reducción; entre 38 y 6 meses y 41 años es del 1,875%; para un período de entre 41 años y 6 meses y 44 años y 6 meses si sitúa en el 1,7%; y para un período de cotización a partir de los 44 años y 6 meses sería del 1,625% de coeficiente. En estas penalizaciones es en las que estaría dispuesto a ahondar el Gobierno para incentivar que se alcance la edad legal de jubilación, que será de 66 años a partir de 2021, además de incrementar paralelamente los incentivos sobre la cuantía de la paga que también recoge la Seguridad Social para quienes alargan su estancia en el trabajo más allá del mínimo marcado por ley para la jubilación.
En este sentido, según los expertos consultados, es que por cada año que se le gane a la edad real de retiro de los trabajadores (64 años) se reducirá un 25% el déficit de la Seguridad Social, es decir, se recaudarían 4.500 millones más, que rebajarían el déficit anual de 18.000 millones de euros que registra el Sistema. Dicho de otra forma, el Gobierno está dejando de recaudar actualmente 8.200 millones por no cumplirse con la edad legal.
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