El asesoramiento financiero al margen de la gran banca ha llegado a España tarde, mal y, prácticamente, nunca… La figura de la empresa de asesoramiento financiero (EAF) se creó en 2007 de la mano de la primera edición de la directiva Mifid. Pero el primer vehículo no se registró hasta 2009, y fue de Abante. Hasta ahora, las personas que cumplieran los requisitos podían crear una sociedad de este tipo desde 0 euros. Una directiva europea obliga a Economía elevar el capital social mínimo a 75.000 euros para todas las firmas. Un nuevo obstáculo para ellas.
La regulación europea ha tratado de ampliar el horizonte de los inversores. Pero siempre desde su torre de marfil. Hace 13 años nacieron las EAFI, denominadas ahora EAF. Suponían la posibilidad de que personas con experiencia en la gestión y el asesoramiento, especialmente tras la Gran Crisis Financiera, con graves problemas en productos comercializados por la gran banca –monetarios dinámicos, fondos ligados al fraude de Madoff, carteras cerradas que invertían en inmuebles o participaciones preferentes, entre otros–, abrieran la puerta a una nueva forma de entender el mundo financiero.
En esencia, desde la UE se trataba de evitar la venta a granel de artículos financieros en oficinas bancarias. La avalancha de jubilaciones anticipadas y despidos en el sector financiero propiciaron la creación de las empresas de asesoramiento financiero. Estas han de contar con el visto bueno de la CNMV, que las aprueba y las supervisa, además de constatar la honorabilidad y la experiencia de sus socios.
Las EAF son un tipo de empresas de servicios de inversión más, pero, a diferencia de las sociedades y agencias de valores, no pueden tener acceso directo al dinero. Su misión es asesorar. Las dificultades de capear con los requisitos ampliados para Mifid 2 han provocado que su número descienda desde el récord de más de 170 a cierre de 2017 hasta las 139 a 30 de septiembre, los últimos datos de la CNMV.
Y se avecinan más problemas para este tipo de firmas. Una directiva europea que debe trasponerse antes del próximo 26 de junio obliga a que su capital social mínimo sea de 75.000 euros. Puede no parecer mucho, pero pasa de 0 euros, en el caso de las EAF personas físicas, a las que se les requiere ahora tan solo un seguro de responsabilidad con una cobertura de un millón de euros por daños y de un total de 1,5 millones anuales para todas las reclamaciones. Las empresas que se constituyan como sociedades deben contar con 50.000 euros, pero pueden disminuir esta cuantía a cambio de un seguro ampliado.
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