El Gobierno prevé aprobar en el Consejo de Ministros de este martes el decreto de prohibición de los desahucios sin solución habitacional (que incluirá la prohibición de los cortes de suministros), un plan de apoyo al sector Horeca (hostelería, restauración y cafeterías) y del comercio, y el decreto de reforma de la Administración para eliminar cuellos de botella y trabas con el fin de agilizar los proyectos de los fondos europeos.
La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, defiende que la «determinación» del Gobierno es proteger a los colectivos más vulnerables y subraya que actualmente está en vigor la prohibición de desahucios a vulnerables hasta el 31 de enero, un plazo que se ampliará probablemente durante la vigencia del Estado de alarma (9 de mayo), tras haber estado estudiando la ampliación de las condiciones para ser considerado colectivo vulnerable o cómo mejorar el régimen jurídico.
«No se trata de cambiar la Ley de Enjuiciamiento Civil y automáticamente aparecerán soluciones habitacionales», ha apuntado Calviño en La Sexta, añadiendo que «hay que reforzar los servicios sociales y aumentar el parque de viviendas sociales», motivo por el que se reforzó la financiación de comunidades autónomas y corporaciones locales.
Ante el temor al efecto llamada a la ocupación de viviendas que pueda generar la protección del decreto antidesahucios a las familias sin contrato, Ábalos ha garantizado el «respeto en todo momento» a la propiedad privada. En los supuestos en los que no haya un título jurídico de arrendamiento, ha ejemplificado, lo que habrá para esos ciudadanos que se hayan introducido en casa de «grandes tenedores» es una prórroga de tres meses en los que habrán de acreditar la situación de vulnerabilidad. La seguridad jurídica es «un valor», ha reivindicado Ábalos, para unos y para otros, en alusión a los propietarios.
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