Un pasivo cuyo saldo se prolonga recurrentemente en el diseño de los Presupuestos Generales y que amenaza con enquistarse y conformar un apéndice más de las Cuentas del Sistema con perpetuidad. Cabe recordar que la Seguridad Social recibió un nuevo préstamo de 6.000 millones para hacer frente a la paga extra de Navidad de los pensionistas, que se abonó a finales de noviembre y que provocó que la factura en esta partida ascendiera a 20.000 millones de euros.
Así lo dispuso el Gobierno en el Consejo de Ministros y supone el cuarto crédito que el Estado concede al Sistema para hacer frente a estos pagos ordinarios y también a aquellos causados como respuesta a la pandemia, principalmente correspondientes a las ayudas para empresas y trabajadores. En suma, cuatro préstamos que ascienden a 51.000 millones de euros en lo que va de año, que significa que la Seguridad Social habrá precisado al cierre del presente ejercicio de financiación extra por valor de 4,2 puntos porcentuales del PIB.
En una nota enviada por el Gabinete que dirige el ministro José Luis Escrivá el Ejecutivo especificaba que «el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético que incluye un suplemento de crédito extraordinario de 6.000 millones para equilibrar el impacto en las cuentas de la Seguridad Social derivado del Covid-19». Y que el organismo justifica porque en los últimos meses se han desarrollado diversas medidas de protección de rentas por la pandemia que han tenido impacto sobre los ingresos y los gastos del sistema, mientras se continuaba atendiendo a las prestaciones habituales, como las pensiones o la prestación por nacimiento de hijo.
«Entre las medidas de protección de rentas por la pandemia, destacan las prestaciones extraordinarias para autónomos y las exoneraciones de las cotizaciones sociales en los Ertes para los sectores más afectados por la crisis o con limitaciones de actividad o impedimento, una regulación especial que se pactó con los agentes sociales. Ambas medidas se han extendido hasta finales de enero», apuntan desde el Gobierno como principales causantes de las necesidades de financiación.
Este último préstamo de 6.000 millones se suma a los otros tres recibidos por la Seguridad Social durante este año, pero será el último que reciba en este ejercicio y en los venideros. En virtud de los acuerdos del Pacto de Toledo, las recomendaciones del Tribunal de Cuentas, y los Presupuestos Generales para 2021 el año que viene se realizarán transferencias, que no repercuten en el pasivo de la Seguridad Social y que se fijarán de manera ordinaria como parte de la financiación del Sistema. Así, en el Proyecto de Ley de Presupuestos de Generales del Estado para 2021 se incluye como novedad una transferencia de 13.929 millones para dar cumplimiento a la recomendación primera del Pacto de Toledo.
En suma, la Seguridad Social habrá dispuesto a finales de 2020 de hasta cuatro créditos del Estado. El primero, liberado en abril, de 13.800 millones, ya se encontraba recogido en las Cuentas aprobadas en 2018 por Cristóbal Montoro, y no computa como aumento de la deuda. A este se unen en mayo otros dos préstamos de 14.002 y 16.000 millones que no aparecen en el cuadro presupuestario por lo que impactarán directamente en un repunte del déficit público y la deuda.
En suma, tres créditos en un solo año por valor de casi 45.000 millones para afrontar los gastos de la Seguridad Social, a los que se une el alza de la financiación a 51.000 millones que es casi cuatro veces más la inyección extra que necesitó el pasado año. Así, el devengo del Sistema con la Administración central ya alcanzó los 68.850 millones tras el consumo de la primera línea de crédito, aunque ahora las previsiones sobre este saldo se desbordan con la noticia de que: la deuda del Sistema se situará en los 105.000 millones (8,75% del PIB), más los créditos concedidos desde el año 1992.
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