La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, convocó ayer a los máximos líderes de las patronales, CEOE-Cepyme, y de los sindicatos CC OO y UGT a una primera “reunión de trabajo”, para hablar de los asuntos a tratar en el semestre en materia de diálogo social para sacar adelante una serie de reformas que quiere llevar a Bruselas. Fundamentalmente, rediseñar las políticas activas de empleo y de formación y retomar las negociaciones para la contrarreforma laboral.
Fuentes conocedoras de encuentro, que se inició a última hora de la tarde, a las 19.30 horas, indicaron que su celebración estaba prevista desde hace tiempo y su objetivo era fijar el próximo temario y calendario en materia laboral. Si bien, el líder de UGT, Pepe Álvarez, se quejó ayer de que Trabajo solo les trasladó sus planes «verbalmente» ante lo que indicó que los sindicatos exigirán que les faciliten los documentos escritos si quieren recabar su apoyo. Según distintas fuentes, desde Trabajo informaron a los líderes sindicales y patronales sobre sus planes para usar los fondos europeos y su intención de rediseñar cuanto antes el sistema de políticas activas de empleo para formar a ocupados y desempleados, así como el programa de garantía juvenil.
Los Presupuestos Generales del Estado para 2021 incluyen un fuerte incremento del 35,7% de la partida destinada a políticas activas hasta los casi 6.500 millones de euros. La intención de Díaz es convertir este esfuerzo económico en “columna vertebral” de las reformas orientadas a eliminar la precariedad laboral, según ha asegurado recientemente la propia ministra. Junto a este rediseño de las políticas activas, el ministerio de Trabajo está elaborando ya más cambios que verán la luz próximamente en la vinculación de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) con la formación de los trabajadores afectados por estos ajustes.
Este departamento, ya ha cambiado la normativa para priorizar el acceso de los empleados afectados por un ERTE a todos los cursos de formación para el empleo de oferta para ocupados y desocupados. Fuentes de este departamento, esta prioridad de acceso “está funcionando muy bien”. Pero, ahora, la intención de Trabajo es “personalizar” más este tipo de cursos para adaptarlos a las necesidades concretas de cada empresa, en colaboración con la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae).
La otra gran tarea que Trabajo quiere abordar con los interlocutores sociales en los próximos meses es la esperada negociación de la contrarreforma laboral, al menos por la parte sindical. Estas futuras conversaciones, de las que ayer no se conoció ningún detalle, se iniciarán, tal y como estaba planeado por parte de Trabajo, cuando la mesa que estudia la regulación de los repartidores (riders) de las plataformas digitales concluya con un texto legal. Esto, según las fuentes consultadas, ocurrirá previsiblemente antes de marzo, por lo que será entonces cuando las partes retomen –ya habían tenido algún contacto antes del inicio de la pandemia– el espinoso asunto de derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012, según ha propuesto el Gobierno.
Para ello, contarán con la oposición frontal de salida de los empresarios, inmersos ahora en mantenerse a flote tras el azote de la crisis económica causada por la pandemia de Covid-19. Ahora, más que nunca, las patronales se cierran en banda a introducir lo que consideran elementos de rigidez en el mercado laboral. Aunque los líderes empresariales se sentarán a hablar.
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