El Gobierno está trabajando en una nueva batería de ayudas para facilitar la pervivencia de las empresas con problemas por la crisis del Covid-19 que pretende presentar en próximas semanas. Dentro de estas ayudas habrá de carácter financiero relacionadas con los préstamos ICO, las ayudas directas, fundamentalmente por parte de las administraciones autonómicas y locales y con otro tipo de herramientas.
Entre estas últimas, la portavoz el Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha avanzado hoy, tras la reunión del Consejo de Ministros, que el área económica del Gobierno en colaboración el Ministerio de Justicia trabajan en la modificación de la Ley Concursal para incluir en esta norma «una fórmula que permita visibilizar aquellas empresas cuyos datos son expresivos de la capacidad que tiene de sobrevivir esa empresa y que no sean mecanismos de liquidación de las empresas».
Se trataría de diseñar un procedimiento concursal «que haga más garantistas estos procesos, que los haga ágiles y rápidos» y, según se deduce de lo avanzado por Montero, que sirva para determinar qué empresas podrían ser viables a través de las ayudas públicas y cuáles no.
En la actualidad y hasta el próximo 14 de marzo existe una moratoria legal que evita que las empresas insolventes a declararse en concurso, por lo que distintas autoridades económicas, entre las que está el Banco de España, han manifestado ya su temor a una explosión de procedimientos concursales cuando decaiga dicha moratoria.
Montero, ha añadido que el Ejecutivo trabaja también sobre otro tipo de ayudas a las empresas que se enmarquen dentro del nuevo marco de ayudas europeas conocido la pasada semana. Tras esto, ha resumido que, en lo que trabaja el Gobierno ahora «de manera más concienzuda» es en «establecer capacidad para que las empresas puedan garantizar su solvencia». Entre ellas ha citado «cuestiones que tienen que ver con los préstamos del ICO» o con el resto de medidas antes citadas.
Dicho esto, ha recordado que las nuevas iniciativas se adoptarán «siempre desde la competencia del Gobierno de España, y se complementarán obligatoriamente con las tareas de comunidades autónomas y sus ayuntamientos que por su proximidad tienen más capacidad de discernir sobre las ayudas directas monetarias que se le pueden dar a los sectores más castigados». Y ha añadido que serán ayudas que «gestionables y compatibles con las de otras administraciones».
Precisamente, horas antes, la vicepresidenta económica del Gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño, había emplazado igualmente a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos a que abonaran parte de los costes fijos de las empresas, dentro del nuevo marco de ayudas permitido por la Unión Europea.
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