El Gobierno tiene previsto aprobar este viernes en un Consejo de Ministros extraordinario un paquete de refuerzo de la solvencia empresarial que, finalmente, estará compuesto mayoritariamente por ayudas directas. Estas, en concreto, sumarán unos 7.000 millones de euros de los 11.000 millones que conformarán el conjunto del plan, según anticipan a este diario fuentes conocedoras del decreto.
La cifra se sitúa en un punto intermedio entre los 5.000 millones de euros que el Gobierno manejó destinar inicialmente a ayudas directas, según avanzó Reuters, y los 8.000 millones de euros que Unidas Podemos reclamó en su propuesta de última hora el pasado fin de semana. Un documento, en el que también se instaba a mantener la gestión de las ayudas en manos del Ejecutivo central en lugar de canalizarlo a través de las comunidades autónomas, como al final se hará, que provocó ciertas tensiones con los Ministerios de Economía y Hacienda, que han dirigido el diseño del plan. Estas diferencias de criterio, según algunas fuentes, o la necesidad de pulir algunos detalles técnicos, según el relato oficial del Gobierno, fueron los que impidieron dar luz verde al plan en el Consejo de Ministros del pasado martes, obligando a convocar la sesión extraordinaria prevista para este viernes.
La cifra final de ayudas directas que contendrá el decreto, sin embargo, parece haber terminado de contentar a todos dentro de los rigores que ha supuesto diseñar el plan a la carrera para tratar de evitar una ola de liquidaciones empresariales. Así, al menos, lo denotaban este jueves las palabras de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, del ala de Podemos del Gobierno de coalición, que anticipó que el Consejo de Ministros de este viernes ofrecería “buenas nuevas”. La idea es que las ayudas directas permitan cubrir los costes fijos de las empresas que sufran retrocesos de un tercio de su facturación.
El Gobierno, en todo caso, ha mantenido en marcha su plan inicial de dotar de tres palancas el programa. Aunque las ayudas directas copan el grueso de los recursos públicos destinados al mismo, los otros 4.000 millones de euros se destinarán a otros dos fondos. El menor de ellos, que se barajaba dotar con 1.000 millones, estaría dirigido a recapitalizar a pymes a través de la empresa pública Cofides al estilo del programa de 10.000 millones de euros para empresas estratégicas que se articula a través de la SEPI.
Por último, previsiblemente con los 3.000 millones restantes, se creará un fondo para facilitar la reestructuración de deudas de las empresas acogidas a los préstamos bancarios avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO). La aprobación de quitas, en todo caso, será solo el último recurso de un esquema en el que Economía planea apoyarse en el conocimiento de la solvencia empresarial que tienen las entidades financieras, a través de la firma de un código de buenas prácticas similar al que se impulsó en su día en el ámbito hipotecario.
En paralelo a estas medidas, el decreto contiene una nueva extensión de la moratoria concursal vigente desde el pasado mes de abril. La medida supone la suspensión temporal del deber de solicitar la declaración del concurso de acreedores voluntario que pesa sobre determinados deudores en situación de insolvencia a la vez que levanta la obligación que normalmente tienen los jueces de admitir a trámite las solicitudes de concurso necesario que presenten los acreedores de las empresas.
La moratoria ya fue extendida en noviembre hasta el próximo domingo, lo que hacía necesario aprobar la prórroga antes de este fin de semana para evitar un aluvión de procedimientos ante los tribunales desde el lunes. La idea del Ejecutivo es alargarla ahora nueve meses más, hasta el 31 de diciembre, a fin de dar tiempo a que las nuevas ayudas hagan efecto y eviten parte de las insolvencias latentes.
Pese a la convocatoria extraordinaria de este viernes para impulsar el paquete lo antes posible, dada la urgencia demostrada por el tejido productivo tras la embestida de la tercera ola del Covid-19, la ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, advirtió este jueves en TVE que “sería muy arriesgado” esperar que las nuevas ayudas puedan desembolsarse en cuestión de días. El Gobierno, aseguró, trabaja para que “puedan llegar en el menor plazo de tiempo”, si bien explicó que el proceso es complejo por la intención de identificar bien qué compañías merecen la asistencia.
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