Los bufetes ya están teniendo un papel activo en el asesoramiento jurídico a empresas y sector público por los fondos Next Generation, un negocio que se incrementará a medida que vayan llegando y distribuyéndose. Para José Amérigo, socio de regulatorio de PwC Tax and Legal, este asesoramiento puede traducirse, en primer lugar y fundamentalmente, en la “explicación de la arquitectura jurídica” que articula el sistema de ayudas a nivel europeo, nivel interno mediante el Real Decreto Ley 36/2020 y normativas autonómicas –como en Cataluña y Andalucía– aprobadas siguiendo la norma estatal.
Otra vía de asesoramiento es la evaluación del impacto de las reformas normativas que incluya el inminente Plan español de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que necesitará la evaluación por las instituciones europeas como requisito previo para acceder a estos fondos.
Tras la reciente entrada en vigor del Reglamento (UE) 2021/241, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, los diferentes Gobiernos europeos ya pueden hacer llegar sus planes a Bruselas. Miguel Gil-Tertre, jefe de unidad en el Recovery and Resilience Task Force de la Comisión Europea, asegura que “los desembolsos se irán realizando en función de los cumplimientos de los hitos o reformas programadas” por los Gobiernos.
Amérigo también destaca como otro eje de negocio el apoyo del sector legal en los futuros procedimientos administrativos (contratación pública y subvenciones) para distribuir los fondos y llegar a la economía real. Según este abogado, las dudas generadas entre las empresas por las manifestaciones de interés impulsadas por varios ministerios también son frecuentes, además de las “consultas sobre las herramientas de colaboración público-privada y el régimen de las ayudas de Estado”.
Todos los expertos coinciden en que los equipos de las consultoras y bufetes que asesoren en estos fondos han de ser necesariamente multidisciplinares. Aunque existe un componente jurídico-administrativo muy relevante y los equipos de derecho público tendrán un papel destacadísimo, Alberto Dorrego, socio de derecho público de Eversheds Sutherland, asegura que “todos los departamentos tendrán que estar involucrados” en este asesoramiento.
De forma muy especial tendrán un papel fundamental lo departamentos de competencia (en todo lo referente a ayudas de Estado), corporate (para la estructuración de las relaciones contractuales, UTE, joint ventures y fórmulas de integración de empresas colaboradoras) y, muy especialmente, las áreas de tecnología, medios y telecomunicaciones.
También resultará absolutamente esencial que los despachos de abogados se abran a otras áreas profesionales no estrictamente jurídicas. En este sentido, Dorrego resalta como “fundamentales las áreas de consultoría de negocio y gestión de proyectos, que pueden ofrecer un apoyo integral a las empresas para prepararse y acceder a los fondos europeos”.
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