De las seis comunidades autónomas que, según los datos del índice oficial de precios del alquiler, cuentan con alguna zona tensionada en sus territorios, un total de cuatro piden al Gobierno central que incluya en la futura ley de vivienda mecanismos para que las administraciones regionales y locales puedan controlar las rentas. Son Baleares, Canarias y Comunidad Valenciana, presididas por el PSOE, y Cataluña, que, aunque sigue sin president, previsiblemente repetirá el Govern con las formaciones que ya aprobaron el pasado año un decreto para limitar los precios. Por su parte, Madrid y Andalucía, ambas del PP, rechazan de lleno estos mecanismos, que protagonizan en las últimas semanas un intenso debate en el seno del Gobierno central y en las conversaciones para sacar adelante la futura ley estatal de vivienda.
Estas seis autonomías son las que tienen en sus territorios algún área tensionada, según explicó el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) cuando presentó en junio el índice, que no cuenta con los datos de País Vasco y Navarra por tener regímenes fiscales propios. La mayoría de estas zonas, según la herramienta, se concentran en Madrid y Barcelona y sus respectivas áreas metropolitanas y en los dos archipiélagos. Andalucía y Comunidad Valenciana, por su parte, tienen alguna de estas áreas en provincias como Málaga, Sevilla y Valencia.
El gobierno balear, que saltó recientemente a la palestra por expropiar temporalmente el uso de 56 viviendas vacías de grandes tenedores, abraza el control de precios como medida temporal y adicional a otro tipo de políticas. Tal y como explica a este diario su director general de Vivienda y Arquitectura, Eduardo Rosby, la limitación de rentas “podría ser una solución temporal para muchas familias”. Rosby recuerda que el Govern valoró en su momento la posibilidad de entrar en la limitación de precios a través de una regulación autonómica, “pero no pudimos porque las competencias en esta materia son muy claras”.
También pide una “intervención y limitación de precios” mediante la adopción de medidas de supervisión y control la directora general de coordinación institucional de vivienda de la Generalitat Valenciana, Adoración Guamán. El objetivo, recalca la también directora general en la vicepresidencia de la Generalitat, sería “impedir precios excesivos en las áreas tensionadas”.
En la misma línea se sitúa Sebastián Franquis, consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda de Canarias, quien ve “acertada y necesaria” la iniciativa de aplicar un control a los precios “en aquellas zonas que hayan experimentado subidas desorbitadas”. Si la futura ley “permite a las comunidades aplicar mecanismos de control sobre los alquileres en zonas tensionadas, los utilizaremos”.
Las rentas del alquiler, prosigue Franquis, llevan varios años aumentando en las grandes ciudades y en las zonas turísticas de Canarias «de forma desproporcionada, convirtiéndose en un problema social». Es responsabilidad de las administraciones, añade, garantizar la disponibilidad de vivienda digna y asequible. «Somos conscientes de que el alquiler tiene que ser rentable, pero la vivienda es un derecho social antes que un bien negociable para los grandes tenedores».
En los tres casos, los portavoces de los ejecutivos regionales recalcan que al control de precios debe acompañarle otras medidas de calado como la movilización de vivienda vacía hacia el arrendamiento, la lucha contra los desahucios a familias vulnerables y, sobre todo, la ampliación del parque público de vivienda asequible. Otras regiones, como la valenciana, también defienden medidas como el derecho de tanteo y retracto, «que nos permite tener preferencia frente a cualquier otro comprador para adquirir una vivienda, pagando el precio por el que haya salido a la venta», explica Guamán.
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