El comercio minorista en España perdió el año pasado más de 20.000 millones de facturación y 59.000 empleos como consecuencia de los efectos de la pandemia y los cierres de tiendas. La Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged) calcula que unos 100.155 empleados estuvieron en situación de Erte. El comercio ha sido hasta ahora el sector más dañado por la pandemia, por detrás de las actividades de venta al por mayor y la restauración (horeca), según un informe presentado por la patronal de las grandes superficies.
La patronal que agrupa a firmas como El Corte Inglés, Ikea o Carrefour afirma que España es la única economía entre las grandes de la UE, junto a Italia, en la que el comercio todavía no ha retomado la senda del crecimiento. De esta forma, las restricciones de movilidad explican hasta un 35% de las diferencias provinciales en el PIB, teniendo mayor impacto que el hundimiento del turismo, afirma la patronal. En la práctica, ni los expedientes de regulación de empleo temporal ni el auge del comercio ‘on line’ han logrado equilibrar las cuentas de las grandes firmas de distribución, que sufren restricciones por el tamaño de sus establecimientos, algo poco usual en el resto de Europa y objeto de las principales críticas por parte de las grandes superficies.
En el último año, el comercio no esencial ha estado cerrado total o parcialmente durante 181 días en Castilla y León, 162 días en las Islas Baleares y 222 días en Catalunya, donde todavía siguen cerradas parte de las tiendas de más de 800 metros cuadrados. De hecho, estas tres regiones, que encabezan las restricciones, concentran casi el 50% del empleo total perdido en España desde octubre (69.094 parados).
Según el informe de Anged, a pesar de que el Ministerio de Sanidad atribuye al comercio «un índice bajísimo de incidencia en los contagios», solo las empresas de Anged han invertido más de 140 millones de euros en prevención y seguridad en las tiendas, varias regiones han cerrado de forma «injustificada y desproporcionada» los grandes establecimientos. Existe malestar en el sector al considerar que las medidas de control de aforos no se respaldan con argumentos científicos que prueben un mayor nivel de contagios en las grandes superficies o grandes almacenes. En la práctica, las empresas del sector están eludiendo la normativa con actividad comercial en zonas teóricamente cerradas. Pese a ello, el comportamiento del consumidor ha cambiado y la afluencia de público ha caído, aunque tiende a recuperarse poco a poco.
Los analistas de Anged prevén un crecimiento de la economía española entre el 5,5% y el 6% para este año, que se puede traducir en un repunte del comercio del entorno del 4% en 2021 respecto a la caída del 8% en 2020. Sin embargo, la patronal ha advertido de que hay muchos condicionantes abiertos y sujetos a un nivel de incertidumbre muy alto. En función del éxito de la campaña de vacunación, de la recuperación de la movilidad interna totalmente en verano y de contar al menos un 50% del turismo internacional del verano de 2019 dependería alcanzar un crecimiento mayor o menor. Según la patronal, el comercio ha dejado de ingresar más de 3.400 millones de euros por la debacle del turismo en 2020.
Las grandes empresas del sector comercial demandan un «gran compromiso nacional» para recuperar la confianza, el consumo de los hogares y, sobre todo el empleo, como palancas para reactivar la demanda. Anged considera que una forma de recuperar la «gran cantidad de horas de trabajo y facturación perdidas» sería con un «gran pacto» para poder abrir más domingos y festivos en 2021. Además, la asociación sigue insistiendo en la necesidad de líneas de ayuda y planes renove para la reforma y mejora de las viviendas podría tener un impacto muy positivo en categorías como los electrodomésticos, muebles, electrónica de consumo, telecomunicaciones o bricolaje.
En el ámbito fiscal, la patronal pide que se tiene que buscar un entorno impositivo que aliente la inversión y el consumo, mientras que en el laboral consideran que es fundamental avanzar en la reforma laboral, dentro del ámbito del diálogo social, para dotar a las empresas de aquellas medidas de flexibilidad que les permitan afrontar el nuevo entorno y mantener en la medida de los posible el empleo.
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