La inédita alza del déficit público español del 2,86% al 10,97% en un solo año se origina por el aumento del 10% en el gasto público, en 53.070 millones de euros, y por una caída de los ingresos públicos del 5% (24.487 millones), marcada por un retroceso del 8,8% en la recaudación tributaria hasta los 194.051 millones, la cifra más baja desde 2017. El descalabro fue especialmente notable en el impuesto de Sociedades donde la parálisis de la actividad se llevó por delante un tercio de la recaudación.
En concreto, el fisco pasó de ingresar 23.733 millones por Sociedades en 2019 a 15.858 en 2020, 7.875 millones menos y una caída del 33,2%, “consecuencia no solo de la situación económica, sino también del elevado importe de las devoluciones solicitadas en el año anterior que hubo que realizar en 2020”, matizan desde la Agencia Tributaria. En todo caso los pagos fraccionados de la banca caen un 54% frente al 37% de media de los grupos consolidados. En un contexto de desplome del consumo privado, destaca también el retroceso del 11,5% en los ingresos por IVA, que caen de 71.538 a 63.337. Por su parte, los Impuestos Especiales ceden un 12,1%, aportando 18.790 millones en lugar de 21.380 de 2019.
El retroceso es generalizado en todas las figuras tributarias salvo en el IRPF, que aporta un 1,2% más de recaudación, pasando de 86.892 a 87.072 millones. Aunque la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseveró que el logro se sustenta en las medidas del Gobierno para proteger rentas y empleos, como es el caso de los ERTE, desde la Agencia Tributaria asumen que estas herramientas “no tienen una traslación inmediata en la recaudación”.
“La razón del positivo comportamiento del IRPF en un contexto tan desfavorable se encuentra en el papel compensador de los salarios y pensiones públicos”, incrementados el año pasado un 0,9%, así como el efecto comparativo con 2019, cuando se registraron fuertes devoluciones por la renta indebidamente cobrada por el permiso de maternidad. En paralelo, por su parte, los ingresos por cotizaciones subieron un 0,8%.
Del lado del gasto, el 40% del aumento se explica por la factura de los ERTE y la prestación de cese de actividad de los autónomos (21.520 millones), otro 15% por costear su exoneración de cotizaciones (7.791); mientras que 8.282 millones fueron a cubrir la factura regional sociosanitaria y 7.312 millones más a otras partidas ligadas a la pandemia. El alza incluye, eso sí, un incremento estructural de costes de 8.163 millones.
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