El Gobierno español ha terminado sumándose este mes a los del resto de grandes potencias europeas aprobando finalmente un paquete de ayudas directas a empresas con un diseño bastante similar al impulsado en Alemania, Francia o Italia. En comparación, el modelo patrio resulta más favorable a las pymes –que componen el grueso del atomizado tejido productivo nacional– pero llega tarde, es poco ágil y, ante todo, parte de una dotación que palidece ante los planes de los países vecinos, que en casos como el alemán llegan a ser siete veces más potentes, según un análisis publicado ayer por Raymond Torres, director de Coyuntura y Análisis Internacional de Funcas, la fundación de las cajas de ahorro.
En su estudio, Torres destaca la importancia de que, ante el alargamiento de la pandemia y su dañino efecto sobre la situación patrimonial de las empresas, los Ejecutivos europeos se hayan decidido a acompañar las medidas inicialmente impulsadas para facilitar financiación (como los créditos avalados por el ICO) de trasferencias directas para reforzar la solvencia de las compañías más afectadas por la crisis.
En este sentido, “las ayudas que establece el Real Decreto-ley de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial son similares a las que se aplican en los otros tres países en cuanto al porcentaje de pérdidas que se compensan”, expone Torres, que subraya que “además, al incorporar un mínimo de 4.000 euros” en ayudas a cada pyme, “el dispositivo español tiende a favorecer a los pequeños negocios”.
Pese a ello, el experto de Funcas lamenta que “la normativa española llega varios meses más tarde que en los otros tres países y que su cobertura es relativamente reducida, por aplicarse solo a los sectores más perjudicados por la pandemia”. Un total de 95 subsectores –que el Gobierno se abre ahora a ampliar en la tramitación parlamentaria de la norma– frente al carácter general de las ayudas en las potencias vecinas.
El estudio destaca, además, que el esquema español, como el alemán, resulta menos ágil al ceder la concesión de las ayudas a las administraciones regionales, que deben desarrollar sus propios marcos, mientras que en Francia e Italia las concede directamente la Agencia Tributaria. En cuanto a la letra pequeña de los diferentes esquemas, la tónica general es ofrecer las subvenciones a firmas que han perdido más del 30% de su facturación, si bien Francia cubre desde el primer euro perdido en los sectores más afectados; a partir del 20% de caída de actividad en las firmas sujetas a restricciones; y desde el 50% a otras empresas.
A partir de ahí, España cubre 3.000 euros por autónomo y de 4.000 y a 200.000 por empresa (abonando del 20% al 40% de las pérdidas); Alemania carga con entre el 40% y el 90% de los costes fijos; Francia asume del 15% al 100% de la facturación perdida, con una suma general de 1.500 euros; e Italia paga del 20% al 60% de la caída de la actividad.
Finalmente, Torres subraya que el “diseño es más generoso en Alemania y Francia”, donde se han presupuestado 50.000 y 20.400 millones de euros, respectivamente, frente a los 7.000 millones en ayudas directas de España, que también son superadas por los 11.000 millones aprobados en Italia.
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