La patronal catalana Fomento del Trabajo no se fía de la reforma fiscal que plantea el Gobierno de cara al año que viene. Los temores tienen origen en las palabras de la portavoz del Gobierno y Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien el lunes aseguró que el objetivo de la modificación tributaria sería incrementar el nivel de ingresos públicos y acercar la presión fiscal a la media europea.
Ante este planteamiento, la organización presidida por Josep Sánchez Llibre ha decidido contraatacar. Si el Gobierno presentó un grupo de expertos para sentar las bases de una nueva fiscalidad para España, la junta directiva de Fomento del Trabajo dio forma ayer a un grupo de trabajo conformado por los principales despachos de abogados españoles para crear su propia propuesta. Fomento compartirá las recomendaciones de este grupo de expertos en la sombra con la patronal CEOE para reforzar su posición negociadora.
El grupo de expertos de Fomento estará encabezado por el jurista Manuel Silva, consejero de presidencia de Fomento, como coordinador, y contará con otros economistas ligados a la patronal como Valentí Pich, Jordi Alberich o Salvador Guillermo. También figuran expertos independientes como Joan Francisco Corona, Antoni Durán-Sindreu, Joan Francesc Pont y Joan Antoni Carreté. La lista de despachos de abogados y firmas de consultoría la componen: Baker&McKenzie, Cuatrecasas, Deloitte, EY, Garrigues, Gran Thornton, KPMG, PwC, Roca Junyent, y Uría Menéndez.
La patronal catalana afirmó en un comunicado que «la fiscalidad no puede ser, exclusivamente, un instrumento para recaudar ingresos públicos» y pidió situarla al servicio de la actividad productiva, de la recuperación y del mantenimiento y la creación de puestos de trabajo.
Fomento subrayó su rechazo al incremento de ingresos públicos para financiar «gasto antieconómico e ineficiente». En este sentido, la organización recordó el artículo 31.1 de la Constitución que señala que «el gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía».
Además de rechazar el alza de presión fiscal, Fomento aportó una solución para elevar los ingresos del Estado. Se trata de reforzar la lucha contra la economía sumergida, que las estimaciones en España sitúan en un 25% del PIB frente a la media europea del 15%. De hecho, el propio Sánchez Llibre presentó hace dos años un plan para reducir esos diez puntos, lo que afloraría unos ingresos anuales de 40.000 millones de euros.
La reforma fiscal no es la única batalla tributaria de la patronal. Fomento del Trabajo llevó el Impuesto de Patrimonio al Constitucional hace unos meses al considerarlo «injusto» y «confiscatorio».
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