Los auditores de cuentas defienden que las empresas que auditan sus cuentas se recuperan antes de las crisis económicas. Según el estudio «La auditoría de cuentas en las empresas», realizado por el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE) en colaboración con la Universidad de Alcalá de Henares, las compañías auditadas facturaron más dinero, generaron más empleo y se recuperaron antes de la crisis de 2008.
Este estudio investiga el comportamiento de cerca de 90.000 empresas españolas que se encuentran activas, con unos ingresos de explotación superiores a 500.000 euros, desde el año 2008 hasta el 2018. Un tercio de las empresas analizadas auditan sus cuentas anuales (34,22%) y dos tercios no las auditan (65,78%).
De las empresas que se auditan, están repartidas al 50% entre sociedades anónimas y sociedades limitadas, mientras que las que no se auditan son mayoritariamente las sociedades con forma jurídica de sociedad limitada (83%). La facturación de las empresas auditadas creció más y se recuperó más rápidamente de la crisis de 2008 que la de las empresas no auditadas. Según el informe, tuvieron unas ventas promedio en 2018 de 38,74 millones de euros, un 16,43% de incremento respecto de las ventas promedio que tenían en 2008.
Por su parte, las empresas no auditadas tuvieron unas ventas promedio de 2,15 millones de euros en 2018, un 6,6% más que en 2008, 9,83 puntos porcentuales menos que las auditadas. Las empresas que auditan sus cuentas necesitaron ocho años para recuperar el nivel de ingresos que tenían al inicio de la crisis en 2008, mientras que las empresas no auditadas necesitaron un año más para superar el importe del año 2008.
El presidente del ICJCE, Ferrán Rodríguez indicó que «en este debate que se está produciendo a nivel mundial sobre la necesidad o no de que las empresas de menor dimensión se auditen y sobre la necesidad de adaptar las normas técnicas de auditoría a los trabajos que se hacen en ellas, este informe refleja que las pymes auditadas son más rentables, reflejan mejor en sus balances el valor de sus activos y afrontan mejor las crisis que las no auditadas».
En este sentido, defendió que, “reducir los límites obligatorios en las auditorías estatutarias es una medida que, sin duda alguna, ayudaría a las pequeñas y medianas empresas españolas a avanzar en sus procesos de profesionalización y a acceder a los recursos financieros que van a necesitar para afrontar la compleja situación económica a la que se enfrentan, por lo que debe de entrar a formar parte de la agenda de reformas del Gobierno sin dilación”.
El ICJCE ya había propuesto al Gobierno la suspensión temporal de los límites por los que una empresa deja de estar obligada a auditarse, para que no se tengan en cuenta los cierres de los ejercicios producidos entre el 1 de diciembre de 2020 y el 30 de noviembre de 2022, debido a la crisis económica que están viviendo las compañías por la pandemia del Covid-19.
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