El Gobierno ha convocado a patronales y sindicatos para el próximo 6 de mayo con el fin de negociar una nueva prórroga de los ERTE, según aseguró este lunes la vicepresidenta tercera y ministra de trabajo, Yolanda Díaz. En declaraciones a La Sexta, Díaz dijo que este mecanismo de protección para los sectores económicos más perjudicados por el Covid continuará «mientras sea necesario» y bajo la misma premisa actual de que las empresas que se acojan a él no podrán hacer despidos. «Lo que ha funcionado muy bien, que no se toque», señaló. «Abrir un debate sobre el mecanismo que queremos ahora no me parece adecuado».
Preguntada por el futuro de las pensiones y la iniciativa sobre incentivos a la jubilación demorada que ha planteado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, mantuvo que la semana pasada se celebró una mesa de diálogo social y se avanzó en «la buena dirección» para la revalorización de estas prestaciones. «Confío en el diálogo social y en el plan Escrivá también», remarcó la vicepresidenta.
En relación con la reforma laboral, dijo que el acuerdo de Gobierno de coalición en materia de mercado de trabajo «se va a cumplir ‘estrictu sensu’ como está» y así se ha remitido a Europa. Otra cosa, aclaró, es que a ella no le gusta hablar de «derogación», sino de una legislación nueva. «Entiendo el interés periodístico sobre derogar o no, pero no puedo decir en una norma que derogo la reforma del PP, no sería correcto y no se puede técnicamente».
La vicepresidenta volvió a hacer una llamada a los bancos para que reconsideren los despidos colectivos que han anunciado en las últimas fechas. «Deben repensárselo y estar a la altura de las circunstancias de este país», indicó. «La reforma laboral del PP eliminó la autorización que antes existía respecto de los expedientes colectivos como los ERE. Por desgracia, el Ministerio de Trabajo no autoriza nada, no puede hacer nada respecto a un ERE, puede mediar y de hecho cuando lleguen los ERE lo vamos a hacer.
Las entidades financieras se juegan su reputación, el Gobierno de España no comparte en absoluto estos procedimientos, no es comprensible el caso Bankia, es muy grave, han recibido 23.000 millones de euros de los españoles y no solo no han devuelto nada, sino que nos lo devuelven con dos procesos muy graves, despidos y un proceso de concentración bancaria que es altamente peligroso en nuestro país, y además exclusión financiera. Este tema es de país, el Gobierno está involucrado en ello».
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