Los ocho vocales de tendencia conservadora que forzaron un pleno del Consejo General del Poder Judicial para llevar al Tribunal Constitucional la reforma que le veta hacer nombramientos mientras esté en funciones se han quedado solos y no han conseguido ningún apoyo más. El pleno ha rechazado plantear un conflicto de atribuciones entre órganos constitucional por 13 votos frente a los ocho de los vocales que entendían que la reforma invadía las competencias del Poder Judicial y dejan constancia de su posición en un voto particular, al que ha tenido acceso este diario.
El pleno también ha rechazado por la misma proporción de votos la posibilidad de denunciar ante el Defensor del Pueblo la reforma para recortar sus competencias mientras no sea renovado. El objetivo era que fuera esta institución la que interpusiera un recurso de inconstitucionalidad contra el cambio legislativo contra la situación que arrastra el Consejo, en funciones desde diciembre de 2018.
Lo que sí ha acordado el pleno ha sido, por 17 votos frente a tres (los de los vocales Enrique Lucas, Clara Martínez de Careaga y Concepción Sáez) y uno en blanco (Roser Bach), informar sobre la reforma ante la Comisión Europea, al responder a las preguntas que, como cada año, esta institución envió al CGPJ para analizar la situación en que se encuentra el Estado de Derecho en España.
La semana pasada la vicepresidenta de la Comisión Europea para Valores y Transparencia, Vera Jourová, avanzó que, en principio, recortar las competencias del CGPJ en funciones está «en línea» con el Estado de derecho. Fue muy crítica, sin embargo, con la reforma también registrada por el PSOE y Unidas Podemos en el Congreso que rebajaba las mayorías exigidas para renovar el CGPJ, un cambio muy contestado por los jueces a través de sus asociaciones por su carácter inconstitucional. La semana pasada en el consejo de ministros el de Justicia, Juan Carlos Campo, anunció la retirada definitiva de la proposición de ley.
Los vocales Rafael Fernández Valverde, Carmen Llompart, José Antonio Ballestero, Gerardo Martínez Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, Nuria Díaz Abad y María Ángeles Carmona han suscrito un voto particular en el que se reafirman en la necesidad de dirigirse a las Cortes para solicitar que dejen sin efecto la supresión de competencias constitucionales del Consejo General del Poder Judicial que se han visto afectadas por la reforma «al producir un menoscabo en una de las principales competencias que la Constitución le encomienda».
«Si dicho requerimiento hubiera resultado infructuoso, debería haberse solicitado, tras la formalización del conflicto de atribuciones» confiaban en que el Constitucional declarara «la atribución del Consejo General del Poder Judicial de esas competencias» que los ocho vocales consideran sustraídas con la reforma.
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