Y así participar, al igual que las comunidades autónomas, en los ingresos tributarios, más en concreto en el IVA, y compensar así los gastos de los servicios que prestan a su población flotante. Esta ha sido la principal reivindicación realizada por los alcaldes de Alicante y Benidorm, así como por el coautor del estudio «Los municipios en tiempos de Covid: el territorio de la cooperación», Luis Caramés, asesor del Consejo General de Economistas (CGE) que lo ha presentado.
El estudio pone de manifiesto que los ayuntamientos turísticos son «los grandes olvidados» en la normativa estatal y que la vigente Ley de Haciendas Locales no tiene en cuenta una de sus principales características: los gastos asumidos en los servicios que prestan a la población de hecho o flotante. Según Caramés, los gastos impropios que ya asumen los ayuntamientos suponen el 17% del total y en los turísticos se multiplica este porcentaje.
Por ello, han reclamado una financiación que cubra estos gastos y que podría pasar por el traspaso de un porcentaje de la recaudación del IVA en sus municipios. El alcalde de Benidorm, Antonio Pérez, ha señalado que «se puede fijar qué parte del impuesto se recauda con la actividad turística y las comunidades autónomas podrían traspasar a los municipios la parte proporcional a lo recaudado por estas actividades». La ley de Haciendas Locales establece que A los ayuntamientos turísticos se les cede el 2,04% de la recaudación líquida imputable al municipio del Impuesto sobre Hidrocarburos y del Impuesto sobre las Labores de Tabaco.
La pandemia de Covid ha revelado con más intensidad el problema de este tipo de municipios respecto a su población de hecho. Los ingresos municipales se basan en los residentes empadronados, pero desde marzo de 2020 se ha disparado la población no residente y no empadronada. «En Benidorm, que cuenta con 70.000 personas empadronadas, hemos detectado, por el consumo de agua, 130.000 residentes más desde que empezó la crisis sanitaria», ha afirmado su alcalde. El regidor de Alicante, Luis Barcala, ha declarado que hay servicios básicos como el transporte y la limpieza que «son los que más repercusión tienen en la población flotante».
Las restricciones de movilidad debidas a la pandemia han causado unas pérdidas de más de 116.000 millones de euros en el PIB turístico en 2020 y solo en la Comunidad Valenciana, casi 11.000 millones respecto a 2019, recoge el estudio. «Si el turismo representa el 14,7% de la economía española, no se entiende que, en el conjunto de las ayudas directas a las empresas, de 95 ramas de actividad, solo 25 sean turísticas», ha declarado Amelia Díaz, coautora del informe. Luis Caramés ha reclamado, asimismo, la participación del sector local, sobre todo de los municipios turísticos, en la gestión de los Fondos de Recuperación de la Unión Europea.
Powered by WPeMatico