El presidente del Instituto de la Empresa Familiar (IEF), Marc Puig, ha sintetizado en su discurso las peticiones de las 100 empresas que lo componen (Mercadona. Barceló, Iberostar, Osborne, Gestamp, Acciona, Banca March o Grupo Godó, entre otras) para tratar de salir de la mayor crisis económica de la historia de España. Puig recalcó que algunas de las medidas incluidas en el plan de recuperación, como las subidas de impuestos que afectan a las empresas, son una carga adicional para unas compañías que llevan 13 meses en un escenario de ingresos cero “sin ayudas directas y sin rebajas de la carga fiscal”.
Por ello, aun mostrando su compromiso inequívoco para reequilibrar las cuentas públicas, exigió estabilidad política y un marco tributario “que no ponga en riesgo la continuidad de las empresas y que no sea peor que el de nuestros socios competitivos”. Una medida en sentido contrario podría provocar, según Puig, que las empresas tengan que ser vendidas a terceros países. Aprovechando la presencia de la vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Nadia Calviño, Puig puso a Italia como ejemplo a tener en cuenta en la puesta en marcha del plan de recuperación. “Puede ser un buen ejemplo de lo adecuado. Menos impuestos, más competencia y menos burocracia”. Aunque Calviño evitó cualquier enfrentamiento, la portavoz del Ejecutivo y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya confirmó esta semana que cualquier subida de impuestos incluida en el borrador enviado a Bruselas quedará congelada hasta que no se recupere el crecimiento.
En el discurso de clausura, Calviño hizo referencia a los tres grandes déficits de la economía española que el plan de recuperación quiere limitar. El primero del que habló fue el laboral. “Nuestro país tiene una tasa de paro estructural y juvenil, con porcentajes de precariedad y rotación diez puntos por encima de la media de la UE. Creo que no tenemos que resignarnos a ser una excepción. La prioridad tiene que ser la creación de empleo de calidad, no precario y especialmente para jóvenes, que les permitan tener un proyecto vital de futuro”. El segundo déficit a corregir será el de las cuentas públicas, pero solo se hará cuando vuelva el crecimiento. “Entre 2020 y 2021 tendremos que emitir 150.000 millones de deuda y eso es un lastre para las generaciones futuras si no se reduce cuando vuelva el crecimiento. La estrategia es reducir la deuda y el déficit público, pero solo a medio plazo, cuando se reactive el crecimiento”.
La vicepresidenta segunda también aludió al déficit de inversión. “En la crisis de 2008, la inversión pública se hundió y se convirtió en la primera víctima, ya que no se recuperó en los años de crecimiento posteriores”, aseguró. En su opinión se ha invertido poco en el mantenimiento del capital, por lo que fijó como “imprescindible” aprovechar los tres próximos años para inyectar 70.000 millones de euros en inversión pública y movilizar fondos para digitalización, sostenibilidad o educación.
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