La negociación para prorrogar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) hasta el 30 de septiembre volvió a encallar este lunes después de que los agentes sociales se opusiesen la última propuesta ofrecida por el Gobierno, diseñada a su vez por la cartera de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La idea del ministro José Luis Escrivá, rechazada de lleno por empresarios y sindicatos, es introducir descuentos en las cuotas sociales para las empresas que reactiven a sus trabajadores en los próximos meses y endurecer las de aquellas que mantengan a sus empleados en pausa.
Pese a este nuevo revés, confirman fuentes del diálogo social, Gobierno y agentes sociales seguirán conversando en las próximas horas para intentar cerrar cuanto antes un acuerdo que, por otro lado, ya está consensuado en todo lo que concierne al Ministerio de Trabajo que capitanea Yolanda Díaz. En un inicio, el Ejecutivo tenía la intención de alcanzar un pacto para llevar la prórroga al Consejo de Ministros que se celebra este martes y así confirmar cuanto antes la ampliación de un mecanismo que todavía protege a casi 600.000 trabajadores. Sin embargo, si el Gobierno quiere volver a contar con el visto bueno de la patronal y los sindicatos, como ha hecho hasta la fecha en todas las ampliaciones de los ERTE, tendrá que seguir negociando y convocar un Consejo de Ministros extraordinario antes de que termine el mes de mayo en el caso de que no se llegue a tiempo para el de mañana.
La raíz del choque de posturas se encuentra en la propuesta que ha trasladado el Ejecutivo a los agentes sociales, por la que se pretende modificar el actual esquema de exoneraciones para dar más peso a las que tengan como objetivo recuperar a los trabajadores rebajar las de los trabajadores que permanezcan en pausa. En esta ocasión, patronal y sindicatos se posicionan en el mismo lado. En un acto sobre Formación Profesional celebrado este lunes, tanto los representantes de las empresas como los de los trabajadores pidieron prorrogar el esquema en los mismos términos y condiciones.
A juicio de los sindicatos, según explicó el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, no hay ninguna razón para modificar el esquema vigente ya que los ERTE por fuerza mayor se van a ir extinguiendo conforme se levanten todas las restricciones. Álvarez también avisó que sería un fracaso que el Gobierno aprobara la prórroga sin acuerdo. En la misma línea se posicionó el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que insistió en comparar la situación de los ERTE con la de un partido de fútbol al que se le quieren cambiar las reglas en la prórroga. El problema, dijo, es que se estén planteando rebajas en las exoneraciones como si esto fuera “un mercado”.
“Es incomprensible que se nos estén presentando ofertas y no ofertas, esto no es un mercado. Es una negociación seria”, insistió. “Creo que los sindicatos opinan igual: una prórroga es una prórroga, son 20 minutos más con las mismas reglas de juego y con el mismo balón, no con otras reglas y otro balón”, apuntó el dirigente de CEOE, que añadió que si no hay acuerdo social el Gobierno tendrá que legislar por su cuenta.
El esquema actual de los ERTE asociados al Covid estará vigente hasta el 31 de mayo. El modelo que agentes sociales quieren replicar establece exoneraciones de cuotas para los sectores ultraprotegidos y empresas de su cadena de valor del 85% para empresas con menos de 50 trabajadores y del 75% para las que tienen más de 50 empleados, tanto para trabajadores reincorporados como para suspendidos. En los ERTE por impedimento de actividad, las exoneraciones son del 100% para empresas con menos de 50 trabajadores y del 90% para las que tienen más de 50 en plantilla, mientras que en los ERTE de limitación de actividad las exenciones son decrecientes hasta mayo.
Para empresas de menos de 50 trabajadores, estas fueron del 100% en febrero, del 90% en marzo y del 85% en abril y serán del 80% en mayo. Para las que tengan más de 50 empleados, estos porcentajes son del 90%, del 80%, del 75% y del 70%, respectivamente.
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