El resultado supone un paso hacia la equidad global, y tal vez un preludio para la resolución de problemas multilaterales más espinosos. Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y Estados Unidos, cuyos ingresos se han visto mermados por los paraísos fiscales, serían los principales beneficiarios del acuerdo del sábado, por el que imponen un impuesto mínimo del 15% sobre los beneficios de las grandes empresas. Los réditos ayudarán a paliar los ingresos golpeados por la Covid-19: El Observatorio Fiscal de la UE calcula un aumento anual de unos 50.000 millones de dólares solo en Estados Unidos.
Hay una cláusula que permite a los gobiernos cobrar impuestos a las empresas «más grandes y rentables” en origen, independientemente de si están presentes físicamente en un país. El objetivo es sustituir los impuestos sobre los ingresos por servicios digitales de empresas como Alphabet, propietaria de Google, introducidos en Europa por estados frustrados por la falta de una política fiscal global adecuada para la era digital.
Eso sí, atrapar a los gigantes de la tecnología exigirá algunas definiciones creativas. Amazon, por ejemplo, registró un beneficio antes de impuestos en el primer trimestre de 10.300 millones de dólares sobre 109.000 millones de facturación neta, lo que supone un margen por debajo del umbral del 10% a partir del cual otros países tendrían derecho a cobrar impuestos.
Va a hacer falta muchísimo para alcanzar un acuerdo a partir de aquí. El presidente estadounidense, Joe Biden, tendrá que gastar bastante capital político para ganarse el apoyo del Congreso: el impuesto mínimo que se acordó está por debajo del 21% que propuso él. En la reunión ampliada a 20 naciones del mes que viene, algunos miembros de la UE con impuestos muy bajos, como Irlanda e Hungría, podrían buscar exenciones. Hay países en vía de desarrollo con tipos más altos que podrían plantarse. Incluso después de alcanzarse un acuerdo, los paraísos fiscales pueden buscarle las vueltas y hallar nuevas maneras de atraer a las multinacionales. Aun así, las empresas se van haciendo a la idea imperante: Facebook da por hecho que tendrá que pagar más dinero en más países.
La unidad en la cuestión impositiva hace más creíble que se puedan alcanzar objetivos muy ambiciosos, principalmente en la lucha contra el cambio climático. El G-7 está a favor de imponer la obligación de comunicar riesgos relacionados con el clima y aprueba la creación de una norma de información global. Establecer las políticas de los países avanzados sobre los ajustes de los topes de emisiones de CO2 sin castigar indebidamente a mercados emergentes como China e India parece especialmente difícil. Ponerse de acuerdo sobre los impuestos es un buen primer paso.
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