El ‘president’ del Govern, Pere Aragonès, ha firmado este lunes por la mañana su primer gran acuerdo social con las patronales y sindicatos más representativos de Catalunya. El mismo contempla los criterios para repartir entre 189.861 empresas y autónomos catalanes los 993,3 millones de euros que le tocan a Catalunya de los fondos estatales transferidos desde el Gobierno central. Y a estos, la administración catalana añade otros 60 millones, con los que costear una ayuda de entre 600 y 700 euros por persona para cada trabajador catalán que estuviera en ERTE en mayo. Más de 1.000 millones de euros «para no dejar a nadie atrás» y «rescatar al tejido productivo y proteger puestos de trabajo»; según ha afirmado el ‘president’ en un mensaje televisado (y sin preguntas), tras la firma con los agentes sociales.
Tres meses después de que el Consejo de Ministros diera luz verde a la distribución de 11.000 millones de euros en ayudas directas para sufragar la factura de la covid entre parte del tejido empresarial, el Govern de Catalunya ha activado una segunda fase: cómo y cuándo se repartirán las mismas. El pago no llegará hasta antes, como mínimo, de julio, es decir, entre el dicho y el hecho habrán pasado un mínimo de cuatro meses. “Han llegado más tarde de lo previsto, pero nunca es tarde si la dicha es buena», ha declarado el presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre.
Las ayudas públicas oscilarán entre los 3.000 euros para autónomos personas físicas y entre 4.000 y 200.000 euros para sociedades. Este miércoles la orden que le dará forma legal será publicada en el DOGC, el próximo lunes se abrirán las solicitudes y antes de acabar el mes de julio se podrá empezar a cobrar, según ha explicado el ‘conseller’ de Economía, Jaume Giró. El responsable de las cuentas catalanas ha enfatizado que la distribución de las ayudas no será por la vía de la concurrencia competitiva. Es decir, no se asignarán bajo el criterio de ‘el primero que llega, se la lleva’; como ha ocurrido con otras ayudas distribuidas durante la pandemia. «No hace falta correr, cualquier empresa que tendrá derecho podrá cobrarla», ha declarado.
Las empresas que quieran postular a las mismas deberán estar encuadradas en uno de los 191 CNAE contemplados en el acuerdo social. Y deberán acreditar una caída de facturación de entre el 25 y el 30% en el 2020, respecto al 2019. Inicialmente las bases del real decreto aprobado por el Gobierno contemplaban una base de sectores, que posteriormente se ha ampliado a 191. “La ampliación es fruto de este diálogo, dejar sectores fuera de estas ayudas hubiera sido un problema», ha valorado el presidente de Pimec, Antoni Cañete.
El pacto incluye una tercera cláusula que abre la posibilidad de que el Govern aporte fondos propios para dar transferencias directas a empresas que estén fuera de esos 191 sectores, pero que estén gravemente afectadas en su facturación por la crisis. Los detalles de este compromiso serán debatidos en próximas reuniones con los agentes sociales. «Encomendamos al Govern de la Generalitat que tenga esta cultura de la concertación, las medidas tendrán un impacto mucho más positivo y efectivo», ha declarado el secretario general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco.
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