El Gobierno prevé que se lleven a cabo 6.591 investigaciones en el ámbito tributario durante este año para detectar actividades no declaradas como parte de su objetivo de abordar los retos de la prevención del fraude y la evasión fiscal y la lucha contra ellos. Así consta en el ‘Componente 27’ del anexo publicado por la Comisión Europea sobre el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, en el que el Ejecutivo de Pedro Sánchez prevé también para este año incrementar el número de efectivos de la Agencia Tributaria hasta los 26.320.
La finalidad es alcanzar una plantilla de dimensiones más próximas a las que han sido habituales durante toda su historia, en la que casi siempre ha contado con más de 27.000 empleados, alcanzando máximos en el entorno de los 28.000. La plantilla de la Agencia Tributaria se ha reducido respecto de la disponible antes de la crisis económica de 2008. Dicha situación se ha producido como consecuencia de la combinación de dos factores: por una parte, la elevada edad media de la plantilla, con el consiguiente escenario de jubilaciones en los próximos años, y, por otra, las dificultades para a incorporación de nuevos efectivos después de sucesivos años con ofertas de empleo públicas reducidas.
Además, dentro de los objetivos fijados por el Ejecutivo de cara a este año en cuanto a atajar el fraude fiscal, se recoge aumentar y optimizar el uso de los sistemas informáticos en la cooperación internacional para luchar contra el fraude y la evasión fiscales. Para mejorar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, en particular de los contribuyentes que figuran en el registro como contribuyentes extranjeros, la Agencia Tributaria llevará a cabo un proyecto que utilizará nueva información sobre los contribuyentes obtenida con arreglo a diversas normas internacionales.
Entre ellas, destacan la Ley de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras (FATCA, por su sigla en inglés) y el ‘Common Reporting Standard’ (CRS). El objetivo del proyecto será que los datos fiscales de al menos el 85% de los contribuyentes extranjeros registrados de los que la Agencia Tributaria haya recibido información en 2019 hayan sido identificados y verificados, de modo que puedan utilizarse para el análisis de riesgos a más tardar el 31 de diciembre de 2021.
Además, se plantea el establecimiento de un modelo cooperativo, con el objetivo de mejorar las relaciones de la Agencia Tributaria con sus partes interesadas, como las grandes empresas, las pymes, los trabajadores autónomos y las asociaciones pertinentes, así como con el sistema judicial, como medio para lograr un mayor cumplimiento de las obligaciones tributarias. Sobre este asunto, la Agencia Tributaria ejecutará en 2021 un proyecto encaminado a fomentar la divulgación por las empresas multinacionales de información sobre sus operaciones, que el Ejecutivo espera que pueda tener repercusiones en la tributación de esas sociedades.
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