El blindaje de las empresas estratégicas españolas frente a posibles ofertas de compra hostiles por parte de inversores extranjeros se mantendrá hasta el 31 de diciembre. Así lo acordó este jueves el Consejo de Ministros que aprobó prorrogar el escudo que, de otro modo, hubiera caducado este 30 de junio. Con esta medida, el Gobierno se reserva autorizar (o no) cualquier operación de inversión extranjera de más de 500 millones o que supongan más del 10% del capital de la empresa española perteneciente a sectores estratégicos.
Así lo anunció la ministra portavoz y titular de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde explicó que el objetivo de este escudo es proteger a las compañías españolas clave de posibles compras extranjeras aprovechando la pérdida de valor transitoria de algunas de ellas por efecto de la pandemia. Se trata, pues, de una especie de ‘acción de oro’ que otorga al Gobierno la posibilidad de parar inversiones que consideren una amenaza para España.
Una de las operaciones de inversión extranjera pendiente de resolución por parte del Ejecutivo, es la opa parcial del fondo australiano IFM sobre Naturgy. El Gobierno debe pronunciarse sobre esta operación antes del 6 de agosto, dentro del plazo de seis meses desde la presentación formal de la oferta pública de adquisición (opa) por valor de unos 5.000 millones de euros. Según fuentes oficiales, la actual prórroga del blindaje de las sociedades españolas hasta 31 de diciembre de 2021 no guarda relación con el hecho de que el Gobierno aún no se haya pronunciado sobre la posible compra parcial de Naturgy, pues la tramitación de esta solicitud ya está en marcha. Está previsto que el Gobierno, en cuyo seno había discrepancias sobre la autorización, acabe dando luz verde a la transacción con algunas condiciones referidas a los activos estratégicos con los que cuenta la compañía energética presidida por Francisco Reynés.
Al amparo de este escudo anti-opas, esta misma semana el Consejo de Ministros autorizó el martes tres operaciones de inversión extranjera. Entre ellas, la oferta de compra de MásMóvil (propiedad de sociedades en EEUU y Luxemburgo) sobre Euskaltel por 1.995 millones de euros. El Consejo de Ministros también aprobó la compra de Electronic Identification, con sede en Barcelona y dedicada al sector de la firma electrónica, por Significat (propiedad de fondos noruegos con sede en Jersey) por 88 millones de euros. Además, este martes se autorizó la compra de la electrónica española Ivsign (también en el sector de la firma electrónica y la certificación digital) por Solar (sociedad luxemburguesa controlada por otra en EEUU) por 87 millones de euros.
La de este jueves, es la segunda vez que el Ejecutivo amplia la duración del blindaje de las empresas estratégicas, una medida que puso en marcha al inicio del confinamiento y que en un primer momento se centró solo en la protección frente a «inversores extracomunitarios». El control previo de las inversiones extranjeras se adoptó al amparo de normativa europea. Tras las caídas bursátiles derivadas del covid, el objetivo del Gobierno fue tratar de evitar la venta a precio de saldo de compañías de sectores como energía y telecos a terceros países, especialmente empresas estatales y fondos soberanos.
Después, el 17 de noviembre, el Gobierno añadió esta restricción también a inversores de países de la Unión Europea y la Asociación de Libre Comercio siempre que estén controlados por entidades de fuera del ‘club’ comunitario. Dentro de los sectores estratégicos protegidos se incluyen las infraestructuras críticas (energía, transporte, agua, sanidad, comunicaciones, medios de comunicación, datos, aeroespacial, defensa, electoral o financiera), tecnologías críticas (inteligencia artificial, robótica, ciberseguridad y otras), suministro de insumos (energía, materias primas y seguridad alimentaria) y medios de comunicación.
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