Gobierno y agentes sociales cerraron este lunes un principio de acuerdo para acometer la primera fase de la reforma del sistema de pensiones. A grandes rasgos se podría resumir bajo el principio de que el acuerdo garantiza el poder adquisitivo de las pensiones (y su revalorización de acuerdo con el IPC) a cambio de alargar la edad real de jubilación y acercarla a la edad legal. De esta forma, según indican fuentes del Ejecutivo, para 2050 el Gobierno busca retrasar en dos años la edad efectiva de jubilación, que actualmente ronda los 64 años y medio. La legal, que ronda los 66 y llegará a 67 en 2027, no se altera. El pacto aún debe ser ratificado por los órganos de CEOE, que lo votarán este martes.
Pero este primer acuerdo de pensiones incluye más medidas y ha sido celebrado por los sindicatos UGT y CCOO como “uno de los más importantes de la última década en materia de diálogo social”. Según los representantes sindicales, el preacuerdo alcanzado con el Gobierno y con CEOE (a la espera de la ratificación por parte de los órganos de gobierno de la patronal) “cambia el rumbo de las pensiones al suprimir los recortes de 2013”.
Así, el pacto recupera la revalorización de las pensiones de acuerdo con el IPC (y acaba con el índice que condenaba a los pensionistas a una subida máxima del 0,25% por décadas) y deroga el factor de sostenibilidad, que iba a obligar a recortar la cuantía de la pensión con la mayor esperanza de vida. Ambos elementos constituyeron la pinza con la que el Gobierno de Mariano Rajoy quiso poner el sistema de pensiones a salvo de las tensiones futuras por el envejecimiento de la población, a base de recortar la cuantía de las prestaciones. Ahora, la ecuación se ha montado sobre la variable de garantizar el poder adquisitivo de las pensiones. En esta primera fase, el acuerdo social ha sido posible entre otras razones porque la parte más antipática del acuerdo, la de los ajustes, se ha dejado para después, para el otoño y para la primera parte de 2022. La reforma que acometió el PP en 2013 se hizo sin acuerdo social.
El preacuerdo está a la espera de ser ratificado por el órgano de gobierno de la CEOE este martes y de su rúbrica oficial, por parte del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, y de los máximos representantes sociales al final de esta semana. Si se cumple lo previsto, el Consejo de Ministros aprobará el anteproyecto de ley el próximo martes, dentro del primer semestre, según lo comprometido con Bruselas dentro del Plan de Recuperación. El proyecto iniciaría su tramitación parlamentaria en el próximo periodo ordinario de sesiones, en septiembre, con vistas a su entrada en vigor en enero próximo.
Según el preacuerdo de esta primera ronda de reformas, las pensiones subirán a partir de ahora de acuerdo con el índice de precios de consumo (IPC) medio del año anterior (noviembre sobre noviembre). Se da la circunstancia de que esta medida se estrenará precisamente en un contexto de un IPC inusualmente elevado en 2021. El panel de expertos de Funcas sitúa en el 1,6% la inflación media de 2021.
La revalorización de las pensiones con el IPC tiene un impacto considerable en las cuentas públicas. El Gobierno estima que puede añadir 2,5 puntos de PIB adicionales de gasto público en el horizonte del 2050 (equivalentes a unos 30.000 millones de 2021) y para compensarlo confía en gran parte en otros elementos acordados ahora con los agentes sociales para acercar la edad real de jubilación (64,2 años en la actualidad) a la edad legal (66 años en 2021 y 67 años a partir de 2027).
Para lograrlo, el acuerdo incluye estímulos para alargar la vida laboral más allá de la edad de jubilación. Además, fija una mayor penalización para quienes anticipen su jubilación 23 o 24 meses o para quienes lo hagan en los tres meses previos a la edad legal (para el resto de los tramos se reducen los coeficientes reductores. Sobre todo, se endurecerá la prejubilación de los trabajadores en base máxima de cotización, que estrenarán mayores coeficientes reductores a partir de 2024, de forma paulatina hasta 2033. Todas estas medidas, según los planes del Gobierno, deberían contribuir a elevar en dos años la edad real de jubilación, hasta los 66,5 años, en el horizonte de 2050.
Ello permitiría compensar alrededor de 1,3 puntos de los 2,5 puntos de PIB de mayor gasto por subir las pensiones con el IPC. Según el Ministerio de Seguridad Social, el resto del impacto debería quedar compensado, con ayuda de otras medidas, como la separación definitiva de fuentes de financiación del sistema de pensiones (que se adelanta un año, a 2022), el nuevo sistema de cotización de los autónomos, la elevación de las bases máximas o el nuevo “mecanismo de equidad” con el que el Ejecutivo quiere sustituir al factor de sostenibilidad del PP. La negociación de esta segunda fase de la reforma queda abierta para el otoño y la primera parte de 2022.
Powered by WPeMatico