La economía española parece haber puesto el piloto automático de la recuperación a tenor de los datos de empleo del pasado mes de junio y de la previsión de un crecimiento sin precedentes en el segundo cuarto del año, del 18%. Todo ello parece tener un impacto decisivo en el relanzamiento de la actividad, la demanda, y el consumo de los servicios hasta hace escasas semanas limitados por las restricciones de la pandemia, con especial impacto sobre el turismo en el caso de España.
Sin embargo, la llegada del verano parece haber puesto en marcha toda la maquinaria macroeconómica -siempre que el avance de los contagios permita mantener el estado actual de actividad- y ya se refleja en los niveles de recaudación tributaria, que ya superan en un 3,5% a los registros previos a la pandemia.
Concretamente, entre los meses de enero y mayo de este año se recaudaron en nuestro país un total de 81.583 millones de euros a través de impuestos. Esta cifra es, como parecería evidente, mayor que la del pasado ejercicio en un 13,7% (unos 10.000 millones de euros) pero también rebasa en 2.768 millones (3,5% más) la cifra de recaudación registrada en el mismo periodo de 2019, un año antes del estallido de la crisis sanitaria. Es decir, según estas cifras publicadas por el Ministerio de Hacienda, los españoles ya contribuyen a las arcas del Estado por encima de los niveles precrisis. Lo que, más allá, también anticipa con certeza un fuerte crecimiento económico en los próximos meses del año.
Más allá, estas cifras se encuentran altamente vinculadas a la propia dinámica, singular, de la crisis económica provocada por la pandemia. De este modo, parece evidente que la mayor o menor celeridad con la que se recuperará la economía española -las proyecciones menos optimistas retrasan los niveles prepandemia de PIB y empleo a finales de 2023- estará acompañada por una mayor contribución de las figuras sujetas a estos elementos, como es el caso del IRF o el IVA, más vinculado al repunte de la demanda y el consumo.
Sin embargo, estas cifras aún podrían incrementarse durante el próximo ejercicio si finalmente el Gobierno culmina la reforma fiscal encomendada para febrero de 2022 al comité de expertos, con la que se podría elevar la presión fiscal de los españoles en hasta niveles de países socios de la UE.
Concretamente, según las estimaciones oficiales, el peso de la presión fiscal previo a la pandemia era del 35% del PIB. A partir de ahí, la senda del Ejecutivo pasa por alcanzar el 37% para 2030 (24.000 millones más que la recaudación prepandemia); el 40% en el año 2040 y equipararse a la actual media europea, en el 43%, para 2050 (96.000 millones más que en 2019).
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