La subida del 3% del ingreso mínimo vital (IMV) prevista por el Gobierno para 2022 es insuficiente para que salga del riesgo de pobreza el 21% de la población española, que, según la última encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística (INE), se encuentra en ese límite. De hecho, hay una diferencia de casi 4.000 euros entre la ayuda que recibirá un adulto el próximo año (5.808 euros anuales) y la renta de 9.626 euros que fija el umbral de riesgo de miseria para este tipo de hogares. Es decir que solo llega a cubrir el 60% del total del dinero que un español necesita para no estar por debajo de umbral de riesgo.
La brecha entre la ayuda gubernamental y el umbral de pobreza supera los 9.000 euros en familias compuestas por dos adultos y dos niños, que recibirán 11.035 euros por el IMV, pero cuya renta mínima para escapar del riesgo de pobreza se sitúa, dice el INE, en los 20.215 euros. De esta forma, la medida, pensada para que “todos los ciudadanos cuenten con un mínimo de ingresos que les permita vivir dignamente” es de lejos insuficiente.
El subsidio está diseñado para completar los ingresos de las familias vulnerables; no se dirige en exclusiva a las personas paradas o sin ninguna entrada económica. El problema, no obstante, es que en ningún momento se puede superar el umbral de renta establecido por el Gobierno. En resumen: el máximo de ingresos que se permite es el que contempla la norma según los 14 tipos de hogar.
De este modo, una persona adulta que viva sola podrá percibir a lo sumo 484,03 euros mensuales; en el caso de dos adultos con dos menores, dicha cifra se eleva a los 919,66 euros, pero incluso en la unidad de convivencia más grande, que contempla a cuatro adultos y un menor, la renta no supera los 1.065 euros. Estas cifras suponen poco más de la mitad de lo que mensualmente cada unidad familiar debería ingresar para salir del umbral de riesgo establecido por el INE, que en el caso de una sola persona es de 802 euros mensuales.
Aun con el complemento para la infancia, que amplía las franjas de acceso al IMV para familias con menores a su cargo, la renta se mantiene en niveles dentro del umbral de pobreza marcado por el INE. Esta ayuda supone 100 euros más por mes en el caso de niños de 0 a 3 años, de 70 euros para aquellos que estén entre los 3 y 6 años, y de 50 euros de 6 a 18 años. Esto significa que, en el mejor de los casos, una persona que viva con un niño pequeño recibirá 835 euros al mes.
Sindicatos y analistas coinciden en que la ayuda social es exigua. Desde la Unión General de Trabajadores (UGT) detallan que el incremento del 3% “no llega para nada” y que “es imposible que una persona viva con 484 euros al mes”. Se trata de una subida que, según Ana Isabel Gracia, secretaria de políticas sociales y vivienda de la organización, no se acerca a lo que el Gobierno había negociado con ellos.
El economista especializado en renta básica incondicional y colaborador de la Fundación Verde Europea, Julen Bollain, también considera que se trata de “una ayuda insuficiente que además se otorga una vez que las personas ya han caído en la trampa de la pobreza, por lo que es casi imposible revertir su situación”.
La suma final no es lo único que critican; ambos frentes reclaman que hasta la fecha no se hayan introducido incentivos al trabajo y que se conserven requisitos tan “estrictos”, a pesar de que el Gobierno presuma de su flexibilización a fin de ampliar su alcance. Bollain, partidario de que cualquiera debería recibir una renta básica, está convencido de que el criterio de residencia legal y continuada durante al menos el año anterior de la solicitud deja desamparados a miles de inmigrantes. Y Carlos Bravo, secretario de CC OO, considera que es necesaria “una revisión, redefinición y ampliación de la cobertura” para que tenga el alcance que precisa una garantía de rentas como esta, que ya se tiene en otros países europeos.
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