Las presiones para que Antonio Garamendi acabe firmando el pacto de la otra gran reforma pendiente en 2021, la laboral, son constantes desde hace semanas; además, vienen de la que supuestamente es la gran aliada de los empresarios en materia de mercado de trabajo: Bruselas. Estas fuentes dicen que tanto la Comisión Europea como la gran patronal del continente, Business Europe, insisten en la conveniencia de que CEOE participe en el pacto laboral con sindicatos y Gobierno «porque quieren hacer algo para que baje la temporalidad sí o sí, y lo quieren con acuerdo también sí o sí», explican.
La idea la habría trasladado, con suavidad en las formas, pero con firmeza en el fondo, la responsable del mecanismo de recuperación y resiliencia europeo, Céline Gauer, en su reciente visita a Madrid, durante la que se reunió -entre otros- con la patronal. Los responsables de Business Europe, en la que está integrada la patronal española, se ocupan de recordar este encargo: «La CEOE está monitorizada por estas dos instancias europeas», aseguran.
Así que Bruselas, lejos de servir de parapeto a CEOE para evitar una reforma laboral contraria a sus intereses -como han denunciado a menudo los sindicatos- es un acicate para el acuerdo, y esa presión a favor del pacto ha aumentado además desde que la crisis en el Gobierno por el control de la reforma laboral ha introducido a ministerios como Economía y Seguridad Social en las negociaciones que hasta ahora pilotaba solo Trabajo: «Si la propuesta viniese solo del ministerio ‘comunista'», dicen con sorna desde estas fuentes empresariales, «sería más fácil justificar una negativa, pero ahora es una propuesta en la que está comprometido todo el Gobierno».
Para que la presión a favor del acuerdo en materia de mercado laboral tenga éxito, eso sí, el texto pactado tiene que ser aceptable para la mayoría de los sectores que componen la patronal. Y, avisan estas fuentes de la dirección de CEOE, hay muchas organizaciones descontentas por la gran cantidad de acuerdos que Garamendi ha firmado con Gobierno y sindicatos en los últimos meses -una decena, entre salario mínimo en 2020, ‘riders’, teletrabajo y los erte y sus prórrogas- mientras el Ejecutivo ha tomado medidas que dañan sus intereses.
La reunión de este lunes del Comité Ejecutivo de CEOE que decidió el «no» al pacto en pensiones ha evidenciado cuáles son esas organizaciones más beligerantes: las del sector agroalimentario (que se considera especialmente agraviado por la reciente subida del Salario Mínimo), los autónomos (que reprochan al Gobierno falta de diligencia para evitar las subidas de la luz y de los carburantes) y los seguros (que se quejan por la limitación de las desgravaciones en el IRPF por aportar a planes de pensiones).
En el mes que queda de negociación, la posición final de CEOE en reforma laboral dependerá por tanto de tres factores: las presiones de Bruselas a favor del entendimiento, el peso de los sectores empresariales que no quieren pacto, y las consecuencias de quedarse fuera de un acuerdo, que favorecen las posiciones sindicales. El «no» de ayer en pensiones, observan estas fuentes, puede allanar el camino a un futuro «sí» en mercado de trabajo.
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