La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, reclamó en su visita a Euskadi «sistemas fiscales sólidos» para garantizar la calidad de los servicios sociales. Estas declaraciones suponen un respaldo para el lehendakari del Gobierno vasco, Iñigo Urkullu, en su enfrentamiento con la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por las bajadas fiscales realizadas por esta última en su comunidad.
Urkullu acusó días atrás a la Comunidad de Madrid de aplicar «estrategias de dumping fiscal» con el fin de convertirse en una especie de paraíso fiscal, tras anunciar bajadas de impuestos propios e IRPF. A su juicio esta reducción recaudatoria podría llevar a exigir al Ejecutivo de España «que compense ese problema con financiación autonómica».
El presidente del Ejecutivo vasco recordó que Euskadi ha recibido en varias ocasiones «acusaciones de privilegio» por su política fiscal, «pero en nuestro caso existe una diferencia clara que es asumir un riesgo unilateral y decidir a qué destinamos los recursos». La presidenta de la Comunidad de Madrid respondió a Urkullu diciendo que Euskadi tiene «un régimen fiscal a la carta» y que, «cuando le empiezan a ir peor las cosas mira a Madrid con envidia».
En esta línea, Calviño, preguntada por el debate entre mantener los impuestos como están o facilitar su ajuste con el objetivo de relanzar la economía, dijo que «es preciso acabar con la carrera a la baja en los sistemas fiscales, porque es una competencia destructiva que lo que hace es empobrecernos a todos». Calviño participó en Vitoria en la primera jornada del IV Congreso de Empleo, que organiza el Gobierno vasco para analizar los retos del mercado laboral en los próximos años, junto a la vicelehendakari segunda y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia.
La vicepresidenta primera mostró su confianza en la «responsabilidad» y en el «carácter constructivo» de los agentes sociales de cara a lograr un acuerdo en torno a la reforma laboral. Según explicó en el congreso de empleo, la reforma laboral debe servir para «europeizar» el mercado de trabajo en España, que «arrastra una serie de desequilibrios y de anomalías en comparación con el resto de países del entorno y, sobre todo, de los más avanzados en materia de prosperidad y equidad social». Entre las medidas a adoptar propone reducir las tasas de temporalidad, que están unos diez puntos por encima de la media europea, las tasas de desempleo estructural y la tasa de desempleo juvenil.
Calviño anunció que el Gobierno de España ya ha transferido 9.000 millones de euros a las comunidades autónomas procedentes de los fondos europeos. La vicepresidenta primera reclamó que el marco laboral forme parte de las transformaciones que se pretenden poner en marcha con los 140.000 millones de euros procedentes de Europa. «Fondos que facilitan una recuperación muy intensa en España, aunque ya no sea la más vigorosa en la Unión Europea con Italia y Portugal a la cabeza, pero lo será el próximo año», insistió.
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