España no tiene un problema de costes laborales y, por ello, hay suficiente margen para subir las cotizaciones sociales. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, lleva repitiendo estas ideas desde la tarde del lunes, después de pactar con los sindicatos un incremento de 0,6 puntos de las cotizaciones sociales, que se repartirán en la misma proporción que el resto (0,5 puntos a cargo del empresario y 0,1 para el trabajador).
La medida hizo levantarse a los empresarios de la mesa de negociación de la reforma de pensiones, ya que está pensada para costear el sobrecoste del sistema cuando entren masivamente los jubilados nacidos en el baby boom. Los líderes patronales han justificado este plante por considerar la medida insuficiente, al tiempo que aumenta los costes laborales que, según denuncian ya están entre los más altos de la UE. ¿Es esto cierto o existe el margen para incrementar dichos costes como asegura Escrivá?
Una forma de evaluar esta cuestión es el peso de las cotizaciones sociales (que pagan empresas y trabajadores) sobre el Producto Interior Bruto (PIB). Según los últimos datos disponibles correspondientes a 2019 del Informe sobre tendencias tributarias en la UE que elabora la Comisión Europea, el peso de las cotizaciones en España en su conjunto (cuota patronal y cuota obrera) equivale al 12,1% del PIB, casi un punto menos que el peso que representan estos pagos en la UE-27 (13,1%). Si bien la brecha más grande llega cuando se observa quién paga qué. Así, en España, los pagos empresariales equivalen al 9% del PIB mientras que los trabajadores pagan el 3,2%. Esto supone que las empresas pagan 1,7 puntos más que la media de los patronos de la UE (donde el peso de la cotización empresarial es del 7,3% sobre el PIB). Por el contrario, los trabajadores españoles costean 2,6 puntos menos que sus colegas europeos (5,8% de media).
Esta cuña fiscal más alta en el caso de España debido al nivel de cotizaciones que se aplica a las empresas, “puede suponer una traba a la competitividad de la economía y la creación de empleo”, por el aumento de costes laborales que supondría, advertía el último informe de competitividad fiscal de 2020 del Instituto de Estudios Económicos (IEE). Por ello, ya antes de conocerse la intención del Gobierno de incrementar las cotizaciones, estos economistas aconsejaban que “si se persiguiera aumentar la recaudación con cotizaciones a la Seguridad Social, el medio para ello no debe venir por un aumento de los tipos de cotización que incremente el pago de cotizaciones por ocupado, sino por la generación de empleo”. Así no se aumentaría el coste laboral por trabajador, sino que se ampliaría la base de cotizantes aumentando igualmente los ingresos.
Este argumento, que ha sido empleado por la patronal en la negociación, se ve reforzado por el elevado nivel de desempleo que tiene España en comparación con los países europeos. Según los últimos datos comparables de Eurostat, la tasa de paro español (14,6%) duplica la media de la de la zona euro (7,4%). Esta tesis llevó a los técnicos del IEE a calcular que si España lograra tener una tasa de paro similar a la media comunitaria (con alrededor de dos millones de empleos más) el peso de las cotizaciones sobre el PIB pasaría (con datos de 2018) del 11,7% al 12,9%, con un aumento de ingresos del sistema cercano a los 14.000 millones de euros anuales.
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