La Comisión Europea (CE) propuso este miércoles una nueva herramienta legal para contrarrestar el uso de coerción por parte de terceros países a través de medidas económicas o comerciales con las que pretendan ejercer influencia en las decisiones que tome la Unión Europea (UE), y que puede incluir en última instancia sanciones. «En un momento de crecientes tensiones geopolíticas, el comercio se utiliza cada vez más como arma y la UE y sus Estados miembros se convierten en blanco de la intimidación económica. Necesitamos las herramientas adecuadas para responder», indicó el vicepresidente ejecutivo de la CE y responsable de Comercio, Valdis Dombrovskis este miércoles en declaraciones recogidas por Efe.
El objetivo de Bruselas con esta propuesta es dejar claro que defenderá sus intereses y crear un efecto de disuasión para los países que restrinjan o amenacen con restringir el comercio o las inversiones para lograr un cambio de políticas comunitarias en áreas como el cambio climático, la fiscalidad o la seguridad alimentaria. En concreto, la iniciativa está enfocada en los países que utilizan «coerción explícita» y herramientas de defensa comercial contra la UE, desde controles fronterizos selectivos o de seguridad alimentaria hasta boicots de mercancías europeas.
El objetivo es «preservar el derecho legítimo de la UE y de los Estados miembros a tomar decisiones políticas y evitar una injerencia grave en la soberanía de la UE o sus Estados miembros», según la Comisión, que precisó que la iniciativa no se activará si se detecta un perjuicio concreto contra una empresa ni como arma proteccionista. La CE plantea un proceso «previsible y transparente» que incluye el análisis de la situación, la mediación o negociación y, como último recurso, el establecimiento de unas sanciones basadas en evidencias y que deben ser proporcionadas de acuerdo a los intereses de la Unión.
En todo caso, la CE propone una vía que evita imponer contramedidas automáticas y que contempla la posibilidad en todo momento de poder llegar a un acuerdo con el país tercero que, según la UE, ejercer esa presión económica. Entre las sanciones que se contemplan está la imposición de aranceles y la restricción de importaciones del país en cuestión, la restricción de servicios e inversiones o medidas para limitar el acceso al mercado interior de la UE.
La propuesta presentada hoy responde a solicitudes del Parlamento Europeo y de Estados miembros para reaccionar ante situaciones de coerción económica y ha sido elaborada tras realizar una consulta pública con partes interesadas a la que han contribuido especialmente empresas y asociaciones industriales. «Este instrumento nos permitirá dar respuesta a los desafíos geopolíticos de las próximas décadas, manteniendo a Europa fuerte y ágil», según Dombrovskis. A continuación, la Eurocámara y el Consejo de la UE (en el que están representados los gobiernos de los Veintisiete) debatirán la propuesta.
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