El bloqueo político al que se enfrenta el Partido Popular en el Congreso ha paralizado la negociación de los Presupuestos Generales del Estado para 2018 y ha obligado al Gobierno a enviar a Bruselas un Plan Presupuestario sin cambios de política económica, esto es, con la prórroga presupuestaria. En este plan, el Ejecutivo detalla sus previsiones de ingresos y gastos para 2018, un ejercicio que todavía es exigente desde el punto de vista del ajuste del déficit, ya que España tiene que ajustar su desfase del 3,1% del PIB al 2,2%.
El Gobierno considera que sin cambios de política fiscal y simplemente con las bondades del ciclo económico, el déficit caerá hasta el 2,3% del PIB, un ajuste que se apoya principalmente en el aumento de los ingresos. El Ministerio de Hacienda estima que la recaudación por impuestos y cotizaciones del conjunto de las administraciones públicas aumentará en 18.600 millones de euros (respecto a su estimación para este año). Un incremento que hará que la presión fiscal alcance el próximo año el 34,9% del PIB, la más alta desde 2007 (según la metodología de cálculo de Eurostat).
El desplome de la recaudación durante la crisis hundió la presión fiscal hasta el 30,3% en 2009, pero las subidas de impuestos del Gobierno, unidas a la recuperación de la economía, han permitido elevar este indicador hasta el 34,7% en 2017, y subirá otras dos décimas más en 2018.
Hacienda estima que los «cambios normativos», unidos a la recuperación de la actividad económica y la inflación, permitirán que la recaudación crezca más rápido que el PIB. Como consecuencia, la presión fiscal seguirá subiendo y ayudará a cerrar el déficit. Eso sí, si finalmente el Gobierno consigue sacar adelante los Presupuestos para 2018, la recaudación total podría ser mayor, o menor, en función de las medidas impositivas que adopte. La lógica invita a pensar que, si quiere aumentar el gasto público para elevar el sueldo de los funcionarios, tendrá que apretar más por la vía de los ingresos para cuadrar el déficit.
El Ejecutivo considera que la recaudación por impuestos y cotizaciones crecerá en 2018 un 4,6%, por encima del ritmo del PIB nominal (PIB real + inflación), que será del 4% según su propio cuadro macroeconómico. El principal motor de la recaudación serán los impuestos directos, en especial IRPF y sociedades, que crecerán un 6%, unos 7.200 millones más que en el ejercicio precedente. La recuperación de los beneficios empresariales y las rentas salariales permitirán tal incremento de la recaudación sin elevar los tipos nominales. Por ejemplo, en el caso del IRPF la recaudación es progresiva, por lo que cuando un trabajador pasa de un tramo a otro más alto, la presión tributaria que soporta sobre su renta es mayor.
El Gobierno también maneja unas estimaciones ambiciosas para los ingresos por cotizaciones a la Seguridad Social. Según sus estimaciones, crecerán en torno a un 4%, esto es, al mismo ritmo que el PIB nominal, un nivel difícil de alcanzar si se compara con las cifras de este año. Según las propias cifras del Plan Presupuestario, los ingresos por cotizaciones crecerán en 6.000 millones en 2017 y en 5.700 millones en 2018, una cifra muy similar pese a que la creación de empleo se va a ralentizar. Sin embargo, si la recuperación económica se asienta en un empleo de más calidad o en una subida de los salarios, las cifras pueden cuadrar.
El objetivo de ingresos totales que se marca el Gobierno para el próximo año asciende al 38,3% del PIB. Esto es, sumando a la recaudación el resto de recursos procedentes de empresas públicas, precios, tasas, etc., que alcanzarán el dato más alto desde 2014.
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