Concretamente, a cierre de 2016 alcanzó los 2,840 millones de trabajadores lo que supone un incremento de unos 30.000 asalariados públicos frente a 2007 superando ya el nivel previo a la crisis. Así lo refleja el informe “La evolución del empleo de las Administraciones Públicas en la última década”, publicado este martes por el Banco de España. Este recoge, sin embargo, que en España el pico máximo de empleados públicos se alcanzó en 2011, con 3,1 millones de funcionarios.
Esto se debió, sostiene el Banco de España, a que “algunas medidas de política fiscal contracíclica expansivas adoptadas en 2008 y 2009” promovieron las contrataciones públicas una vez iniciada la crisis, “a diferencia de lo ocurrido en la mayoría de países de nuestro entorno”. A partir de ahí, sin embargo, se intensificaron las restricciones a la reposición de funcionarios salientes lo que provocó una reducción de empleados públicos entre 2012 y 2013 hasta su estabilización en 2014, recoge el informe.
En los años más duros del ajuste, la sustitución de personal saliente se limitó con fuerza y, de hecho, en la actualidad solo alcanza el 100% en los servicios públicos básicos, como sanidad o educación, mientras que en el resto se mantiene por debajo. Así, en la actualidad, los funcionarios perciben el 20% de la remuneración de todos los asalariados españoles, percibiendo el equivalente a un 25% de todo el gasto público, lo que sitúa al país en niveles similares a los de la OCDE.
El empleo de las administraciones públicas en España se situó en 2015 en el 6,3% de toda la población activa, “un nivel similar al de países como Italia, Portugal o Alemania, y por debajo de los países con mayor presencia pública en la provisión directa de bienes y servicios, como Suecia o Francia, y del promedio de los países de la Unión Europea (UE) (8,4 %)”, compara el Banco de España.
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