La amnistía fiscal fue una de las medidas más polémicas de la primera legislatura de Mariano Rajoy. Los defraudadores pudieron legalizar el dinero negro pagando un 3% en lugar del 10% que inicialmente se había previsto. Como finalmente solo se obligó a rendir cuentas por los rendimientos de los ejercicios no prescritos, algunos contribuyentes llegaron a blanquear sus inversiones ocultas al fisco mediante un pago simbólico. Incluso aprovecharon el indulto fiscal para pedir al fisco devoluciones de años en los que habían registrado pérdidas. A pesar de estas prácticas, Hacienda retrasa la investigación masiva de las declaraciones, como le ha pedido la mayoría parlamentaria. Mientras, el debate sobre su prescripción se recrudece.
Queda un mes para que se cumplan cuatro años de la amnistía fiscal y la Agencia Tributaria aún no ha enviado las notificaciones de inicio de comprobación a los 30.000 contribuyentes que se acogieron al proceso de regularización, como acordó la mayoría del Parlamento. Esta comunicación paralizaría la prescripción masiva del indulto fiscal, según advierte Ciudadanos, que insiste en que se producirá el 30 de noviembre. Hacienda dice que las declaraciones del indulto fiscal no caducan.
La formación naranja presentó una proposición parlamentaria para instar al Gobierno a que recupere unos 2.800 millones de los beneficiarios de la Declaración Tributaria Especial (DTE), como el Gobierno del PP bautizó al indulto tributario. Argumentaba que los beneficiarios de la amnistía pagaron solamente un gravamen medio del 3% en lugar del 10% que tenían que haber liquidado por las rentas afloradas si se hubiera cumplido a rajatabla el real decreto que lo regulaba.
Los contribuyentes aprovecharon este y otros atajos a raíz de un informe de la Dirección General de Tributos que interpretó que solo había que rendir cuentas por los rendimientos obtenidos en los ejercicios no prescritos y no por todas las inversiones afloradas. Esta interpretación provocó un boquete: el Gobierno recaudó 1.193 millones de euros frente a los 2.800 millones previstos.
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