El Ministerio de Hacienda ha enviado cartas a 22 grandes ayuntamientos advirtiéndoles de que o reducen su morosidad o procederá a intervenir sus finanzas para que los proveedores puedan cobrar a tiempo. Todas las administraciones señaladas tardan más de 60 días en pagar. Entre los municipios apercibidos se encuentran los de cinco de las ocho capitales andaluzas: Sevilla, Cádiz, Granada, Jaén y Huelva, así como la diputación de Cádiz.
Los alcaldes de estos municipios advertidos por Hacienda deberán enviar al ministerio un plan de tesorería detallando las medidas para garantizar que reducirán a menos de 30 días el tiempo en que pagan sus facturas. En caso contrario, Hacienda les avisa de que les retendrá los ingresos procedentes de la financiación local para abonar directamente sus facturas. Es una de las condiciones incluidas en la Ley de Estabilidad y Sostenibilidad Financiera (LOESF), la norma que regula los procedimientos y plazos para reducir los desequilibrios presupuestarios (déficit y deuda) y la morosidad de las administraciones públicas.
Estos 22 grandes ayuntamientos, junto a la Diputación de Cádiz, han sido apercibidos porque llevan varios meses pagando a sus proveedores por encima del plazo legal previsto. El tope para pagar las facturas está en 30 días, pero se empieza a contar a partir de los 30 días de recibirse la factura. Es decir, que estas administraciones dejan pasar más de 60 días en total antes de liquidar sus deudas comerciales. De hecho, Jaén, Parla, Algeciras o Telde (Las Palmas) tardan de media más de un año en abonar sus facturas.
Muchos de estos ayuntamientos son conocidos por ser los más endeudados de España. Son paradigma de la mala gestión, en algunos casos provocada por sus antecesores, que dejaron las arcas públicas en una situación muy delicada. La mayoría de estos consistorios, además, ya recibe una tutela especial por parte de Hacienda, que le obliga a informar puntualmente de todas sus operaciones y de los ajustes necesarios (aumentos de impuestos y recortes) para tratar de sanear sus finanzas. Algunos estuvieron intervenidos, como Jaén o Parla, y reciben préstamos especiales del Estado para seguir gestionando sus operaciones diarias. La Autoridad Fiscal (Airef) ya advirtió este verano de que algunas de estas localidades están en riesgo de insolvencia y necesitan de créditos del Estado para sobrevivir.
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