El Tribunal de Cuentas Europeo ha auditado por primera vez al organismo que gestionó la intervención del banco Popular y concluye que sus planes de resolución incumplen los estándares de calidad, están incompletos y carecen de información tan esencial como la necesaria para demostrar que la liquidación de un banco no es posible.
Los auditores subrayan, además, la falta de personal especializado para gestionar tareas tan complejas como los planes de resolución. Para colmo, según el Tribunal, la división de tareas entre la JUR y las autoridades nacionales no está clara y el marco de cooperación con el BCE es inadecuado, a pesar de que es la autoridad encargada de detectar el riesgo de caída de un banco. El duro documento no se refiere directamente al Popular. Pero la auditoría describe la precaria situación de la JUR en el mismo período en que estrenó sus poderes en España.
El informe del Tribunal cierra un año negro del organismo presidido por Elke König. En junio se estrenó con una intervención del Popular precipitada en mitad de la semana, cuando el escenario previsto para ese tipo de operaciones era un fin de semana. Dos meses después, una de las componentes de la Junta, Joanne Kellermann, anunciaba su prematura salida.
La intervención también ha deparado un aluvión de recursos y el riesgo de indemnizaciones a los accionistas del Popular que se consideran perjudicados. La JUR también ha sido objeto de críticas por su opaca gestión y el propio panel de apelación del organismo le ha exigido que publique, al menos, parte del informe en que basó la intervención del Popular. Este mismo mes, König era vapuleada por representantes del Congreso de Diputados, que la acusaron de negarse a revelar información esencial. Y este martes, el Tribunal de Cuentas europeo cubre de dudas la gestión del organismo de Kónig.
La JUR, como ya hizo ante los diputados españoles, también se ha negado a facilitar información al Tribunal de Cuentas europeo, una opacidad que lamenta Kevin Cardiff, responsable del informe. «No lo consideramos justificado», ha señalado Cardiff durante un encuentro con la prensa. «Impide el control y la transparencia», añade este miembro del Tribunal.
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