La llegada de 2018 trajo consigo la prórroga automática de los Presupuestos de 2017 como marca el artículo 134 de la Constitución en el caso de que no se hayan aprobado unas nuevas cuentas públicas. Un escenario que empieza a ser una tradición, ya que también se produjo el año pasado. Si entonces el motivo fue la dificultad para formar Gobierno en España, ahora se debe a la crisis de Cataluña y la imposibilidad del Ejecutivo de Rajoy de contar aliados parlamentarios, principalmente el PNV, hasta que se normalice la situación política en la región.
Por tanto, hasta que lleguen unos nuevos Presupuestos -algo que en todo caso tardará aún meses- se mantienen las cuentas anteriores, lo que tiene varios efectos colaterales. Entre ellos, frenar las rebajas fiscales pactadas entre el Gobierno y Ciudadanos o impedir la revalorización de los funcionarios. Es decir, medidas con un impacto que no se pondrán en marcha y, por tanto, facilitarán el cumplimiento del déficit.
La principal consecuencia de la prórroga presupuestaria es que se mantienen los mismos ingresos y gastos del ejercicio anterior. De esta forma, todos los Ministerios u organismos públicos reciben idéntica cuantía, aunque la previsión del Gobierno sea aumentar los ingresos. En realidad, en algunos casos la prórroga significa menos dinero, ya que deben descontarse aquellas partidas correspondientes a gastos que finalizaron en 2017. Por ejemplo, el importe destinado a la construcción de una carretera que se finalizó el pasado ejercicio no se mantiene.
La imposibilidad de sacar adelante unas nuevas cuentas públicas también deja en suspenso la rebaja del IRPF de al menos 2.000 millones pactada por el Gobierno y Ciudadanos. Un acuerdo anunciado en verano con el que el ministro Cristóbal Montoro se garantizó el apoyo del partido de Albert Rivera a los Presupuestos de 2018. Las medidas pactadas incluían eximir la tributación del IPRF a los trabajadores con rentas inferiores a 14.000 euros (actualmente están exentos hasta 12.000 euros). Además, las rentas menores de 18.000 euros también tendrían una reducción. Sin embargo, el propio Montoro no descartó ampliar las ventajas fiscales a los ciudadanos «de más edad», aunque nunca concretó un anuncio que sonó más a redoblar la presión para sacar adelante los Presupuestos.
En cualquier caso, el acuerdo con Ciudadanos también recoge otras cuestiones como elevar las deducciones a las familias con dependientes a su cargo mediante un impuesto negativo de hasta 1.200 euros o mejorar las deducciones a las familias numerosas. Además, también queda sin efecto el acuerdo para elevar el permiso de paternidad a cinco semanas (ahora son cuatro). Por otra parte, la rebaja del IVA del cine del 21% al 10% queda a expensas de los nuevos Presupuestos.
Uno de los colectivos que también se ven afectados por la prórroga presupuestaria es el de los funcionarios, que verán su sueldo congelado. El Gobierno siempre ha mostrado su intención de revalorizar el salario de los empleados públicos en 2018 (un 1,5% es su propuesta), pero lo ha vinculado a unas nuevas cuentas públicas. Los sindicatos querían que se aprobase una subida sin esperar a los Presupuestos, como ha ocurrido con las pensiones (desde este lunes subieron un 0,25%). Eso sí, la revalorización tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero, aunque las cuentas se aprueben más tarde. También queda en el aire la oferta de empleo público pactada (250.000 plazas en tres años).
Las comunidades autónomas no verán aumentada la transferencia del Estado para su financiación a pesar de la previsión de mayores ingresos impositivos. Uno de los pocos beneficiados de la prórroga será la senda de estabilidad. Y es que, al no poder aprobarse medidas con impacto presupuestario como la rebaja fiscal, será más fácil cumplir con el objetivo de déficit del 2,3%.
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